El Ministerio de Igualdad responde a la iniciativa que va a presentar en solitario el PSOE para "corregir" la ley de libertad sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', ante el goteo de rebajas de penas. Según el departamento que dirige Irene Montero, fueron hasta tres las propuestas que llegaron a plantear a los socios del Gobierno, dirigidas a elevar algunas penas mínimas por delitos sexuales. Todas, asegura, fueron rechazadas por el ala socialista del Ejecutivo.

Según ha explicado este lunes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, desde el ministerio llevan desde diciembre negociando con los socialistas y analizando las posibles opciones de reforma de la ley del 'solo sí es sí'. En ese sentido, y para contrarrestar la propuesta del PSOE que sugiere volver a hacer determinante el hecho de que en una agresión se produjera violencia o intimidación, el Ministerio de Igualdad llegó a plantear a sus socios tres "propuestas alternativas que blinden el corazón de la ley que tiene que ver con el consentimiento". 

Concretamente, el equipo de Montero planteó la posibilidad de llevar a cabo algún "retoque en las penas mínimas", según ha detallado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Es decir, estrechar la horquilla de condenas, elevando las mínimas para los "delitos más graves", y que así los jueces tengan "menos margen interpretativo" a la hora de revisar condenas de agresores sexuales. 

Podemos critica que los cambios que exige el PSOE en la ley del 'solo sí es sí' suponen volver a la norma anterior por la puerta de atrás

Rechazan volver al "calvario probatorio"

La 'número dos' de Irene Montero ha subrayado que van a hacer "todo lo posible por llegar a un acuerdo", pero que en ningún caso van a aceptar "ninguna propuesta que ponga en juego el modelo de consentimiento", como asegura que ocurre con la iniciativa que pretenden registrar los socialistas en el Congreso de los Diputados, la cual propone volver a las penas anteriores a esta norma cuando haya violencia o intimidación. "Recordemos que lo que nos estamos jugando aquí es que a las mujeres se les vuelva a preguntar si se resistieron y que esa resistencia es lo que demuestra que sufrieron una agresión sexual", ha sentenciado Ángela Rodríguez. 

Pero para Igualdad, en la práctica, esto supone derrocar el consentimiento como eje fundamental de una de las leyes estrella de esta legislatura, ya que se traduciría en una vuelta al "calvario probatorio" que atravesaban las víctimas de violencias sexuales con la ley anterior a la hora de demostrar que fueron agredidas. Las propuestas de Igualdad, ha detallado Rosell, no irían a endurecer el castigo por agresiones más leves (como tocamientos en el transporte público), sino que van enfocadas a reformar el Código Penal para elevar las penas mínimas de los delitos más graves, como serían los cometidos contra menores de edad.

Podemos critica que los cambios que exige el PSOE en la ley del 'solo sí es sí' suponen volver a la norma anterior por la puerta de atrás

Con todo, ni Rodríguez ni Rosell han querido detallar este lunes las medidas que se pusieron sobre la mesa en todo ese proceso de negociación que se inició con las primeras rebajas de condena, pues defienden que quieren "preservar la negociación".

Decálogo de medidas 

Además, más allá de ese posible endurecimiento de las penas más bajas, el equipo de Irene Montero también llegó a plantear otros dos caminos: reformar la disposición transitoria de la ley e impulsar un decálogo de medidas "urgentes" para implementar la norma. 

Todas ellas anunciadas ya, y que aspiran a dotar de más herramientas a los trabajadores del sistema judicial: ampliar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer también para violencias sexuales, doblar el número de esos juzgados, asistencia gratuita para las víctimas, formación en todos los ámbitos en los que se desarrolla la norma (policial, sanitario, educativo, penitenciario, etc.), aumento del número de agentes policiales especializados en violencia sexual, o tratamiento terapéutico "a largo plazo" para las víctimas. Se trata de medidas que, según ha detallado Rodríguez "están listas" y que podrán impulsarse, bien mediante formas normativas o elevándolas al Consejo de Ministros.