La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, ha aportado a la jueza durante su declaración un informe municipal que contradice la versión previa del Ayuntamiento para frenar la licencia de obras en el Valle de los Caídos, afirmando que el permiso está "vivo" y que Patrimonio Nacional pagó las tasas, han informado fuentes judiciales.
López Esteban ha comparecido este miércoles ante la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial como investigada en el marco de la querella presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos por su "negativa" a reactivar la licencia de obras.
La magistrada admitió a trámite la querella interpuesta antes de que otra jueza rechazara el pasado mes de septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecutara el auto dictado el pasado junio por el que se levantaban las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones.
Esta resolución daba la razón a la alcaldesa en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme. En un informe jurídico de junio, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares por su falta de solidaridad hacia las víctimas.
Frente a ello, la alcaldesa ha aportado un informe municipal, firmado por el secretario del Ayuntamiento y fechado cuatro días antes a la fecha en la que debía de declarar el pasado mes de diciembre, señalamiento que fue aplazado hasta el pasado miércoles.
La licencia está "viva"
Este informe, del 16 de diciembre, sostiene que la licencia está "viva" y no derogada, muestra de ello, expone el escrito, es que Patrimonio Nacional pagó la tasa de la licencia y trabaja en el interior de las criptas desde finales de año. Además, López Esteban habría manifestado a la jueza que la decisión de suspender la licencia fue tomada por unanimidad por toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
El abogado de las familias, Eduardo Ranz, ha señalado que existe "una posible acción punible" ante este informe contradictorio, recalcando que las familias no quieren "un juicio político, sino exhumar a los hermanos Lapeña y con ello cerrar una herida".
Posible prevaricación
La jueza que decidirá sobre la querella entiende que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Los querellantes consideran que Carlota López Esteban habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas".
La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.
La acción penal se dirige contra Carlota López Esteban después de que no renovara el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. Esta decisión está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
En un informe jurídico, el Ayuntamiento de la localidad madrileña alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.
Sentencia histórica sin cumplir
La alcaldesa manifestó en un comunicado que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, "completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo".
En la querella, se expone que "concurren" todos los elementos de la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los familiares argumentan que "la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJ por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes".
En los hechos, el abogado de las familias, el letrado Eduardo Ranz Alonso, menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña Manuel y Antonio-Ramiro, una sentencia histórica que seis años después no se ha ejecutado.
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