Los letrados de la Administración de Justicia han comenzado este martes una huelga indefinida respaldada, según estiman los convocantes, por un 81% del sector, en un contexto de máxima tensión con el Ministerio de Justicia. Los secretarios judiciales (así se les denominó hasta el año 2015) arrastran una serie de reivindicaciones a raíz de dos reformas legales que en 2009 y 2015 cargaron más responsabilidad sobre sus espaldas sin que la mejora de condiciones fuera proporcional. Así lo denuncian el Ilustre Colegio de Letrados, la Unión Progresista de Letrados y la Asociación Independiente de Letrados, que convocan la huelga y denuncian que la cartera de Pilar Llop ha rechazado todos los ofrecimientos de mediación.

El desencuentro con Justicia se agravó aún más este lunes, cuando el secretario de Estado Tontxu Rodríguez acusó a los convocantes de promover una protesta "política, contra el pueblo y sin finalidad profesional". "Quieren hacer rehenes a los ciudadanos y perjudicarles con su endiosamiento", declaró en una rueda de prensa, lo que enfureció al sector, que pide ahora su cese inmediato. 

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"En manos de la ministra está que la Administración de justicia recupere la normalidad lo antes posible, lo que pasa por apartar al secretario de Estado", han comunicado este martes los huelguistas. Las asociaciones convocantes han reprochado a Rodríguez sus "gravísimos ataques" y le acusan de haberse convertido en "una parte importante del problema". "Nadie con ese lenguaje, con tanta irresponsabilidad, puede seguir ocupando un cargo público", han zanjado en un comunicado. 

Más allá de la bronca con Rodríguez, los letrados reclaman subidas salariales y retribuciones vinculadas a la carrera judicial. Su papel en los juzgados ha ganado peso durante la última década, de forma que a día de hoy son responsables de dirigir la oficina judicial, dictar resoluciones y gestionar los pagos en la Administración de Justicia, desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones, manejando hasta 4.500 millones de euros al año. 

Los letrados son imprescindibles en la celebración de juicios, en tanto que actúan como fedatarios, dan fe de las vistas. La huelga, por tanto, supone una auténtica amenaza para la fluidez del sistema judicial español, que en muchos casos ya se encuentra gravemente obstruido. El Colegio Nacional de Letrados, que puso cifras a esta amenaza al ser consultado por 20minutos, estima que los paros pueden paralizar "entre 8.000 y 10.000 juicios cada día".

La raíz del problema se sitúa en 2009, cuando una reforma legal atribuyó a los letrados varias responsabilidades que previamente correspondían a los jueces. A partir de entonces, el gremio denuncia haber asumido progresivamente una mayor carga de trabajo sin verla reflejada en sus condiciones salariales, siendo la reforma de 2015 otro episodio clave en este sentido.

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A finales de 2021, la cartera de Justicia liderada por Pilar Llop se sentó con los sindicatos de los cuerpos generales a negociar unas condiciones salariales que no se adecuaban, según denuncian las asociaciones de letrados, a las reformas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año.

Esto llevó a los letrados a convocar paros en enero y marzo de 2022. Solicitaban una adecuación salarial y un Estatuto acorde con los cientos de funciones que habían asumido en los últimos años. También exigieron modificaciones en el reglamento, los concursos de traslado o el plan de prevención de riesgos laborales.

En abril se convocó un tercer paro que no se celebró porque el Ministerio de Justicia, al fin, respondió y adoptó una serie de compromisos. Desde entonces, según denuncian las asociaciones, no ha habido forma de retomar el contacto, y mientras el Gobierno asegura haber cumplido el grueso de estos acuerdos, los letrados lo niegan rotundamente. En esencia, denuncian el incumplimiento de la reivindicación más relevante, el aumento de sueldo.

Aseguran que la cartera de Pilar Llop no ofrece ninguna respuesta, lo que les llevó a convocar a finales del pasado año dos paros secundados (según datos del Colegio de Letrados) por el 75,3% y el 73,9% de los letrados. El presidente del Colegio de Letrados asegura a 20minutos que aquellos paros provocaron la parálisis de "entre 8.000 y 10.000 juicios diarios" y advierte de que "la situación podría ser peor aún en el paro indefinido" secundado por en torno al 81% del sector.

El Colegio lamenta que la huelga generará "tapones" en la actividad de los juzgados, ocasionará problemas económicos y contribuirá a menoscabar "la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Pero los letrados mantienen que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Justicia, al que se han dirigido varias ocasiones sin obtener respuesta.