El Gobierno da por acatado el requerimiento que envió a Castilla y León el pasado martes advirtiéndole de que no pusiera en marcha ningún plan que pudiera chocar con la ley del aborto. Cierra así esta vía de conflicto al asegurar que la Junta se "ha abstenido" de llevar a cabo "actuaciones que incumplieran la normativa estatal". Eso sí, el Ejecutivo ha manifestado que permanecerá vigilante y actuará si finalmente se implantan las medidas expuestas por el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, hace una semana que desde Moncloa aseguran que están fijadas en un "pacto secreto" que el PP niega.

"El Gobierno considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico", señala un documento remitido por Moncloa a los medios en la mañana de este viernes.

En este sentido, desde el Ministerio de la Presidencia, que firma el escrito, destaca que la Junta remitió ayer jueves una escrito de respuesta en el que remarca que "no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno". "Tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente", añade la cartera dirigida por Félix Bolaños.

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Eso sí, en las mismas líneas el Gobierno destaca su "preocupación" por las declaraciones formuladas por el portavoz de la Junta, quien este jueves dijo en rueda de prensa que las medidas anunciadas de ofrecer a todas las mujeres embarazadas escuchar el latido fetal y hacer una ecografía 4D seguían adelante. Carlos Fernández, del Partido Popular, apuntó que estas ideas no serán obligatorias, pero estarán a disposición de los médicos si deciden aplicarlas. Es, dijo, "una mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario" que no supondrá que se modifiquen los protocolos.

A ojos del Gobierno, esto significa que la Junta de Castilla y León "mantiene su intención de ir más allá" de lo que establece la ley del aborto que está vigente actualmente, "en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida". Es por ello por lo que Presidencia advierte de que "si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido" la Junta de Castilla y León "materializa, por cualquier vía, su intención" de actuar al margen de la ley en esta cuestión, el Ejecutivo "actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas".

En este sentido, avisan al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco de que el Gobierno central "se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas", como han venido diciendo desde el jueves 12 de enero. Eso sí, pese a los rumores que apuntaban a un posible 155 sobre la comunidad castellanoleonesa, el Gobierno ha insistido en que es un escenario que "nunca estuvo encima de la mesa". 

Por su parte, Bolaños enviará una carta al consejero de Presidencia de la Junta para recordarle "nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y al orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida" como las que se han planteado en Castilla y León. En una rueda de prensa ofrecida desde La Palma, la mano derecha de Sánchez en el Consejo de Ministros ha celebrado que el Ejecutivo haya "conseguido frenar lo que pretendía: recortar los derechos de las mujeres". "No vamos a ceder ni un paso en los derechos de las mujeres, no podrán tapar con sus insultos el intento de retroceso", ha añadido Bolaños, que ha dado por hecho que existe un "pacto secreto" entre PP y Vox en el que se fijaban estas medidas.