Los letrados de la Administración de Justicia, anteriormente conocidos como secretarios judiciales, se convocarán a una huelga indefinida a partir del este martes y según fuentes del Colegio Nacional de Letrados consultadas por 20minutos, los paros podrían paralizar "entre 8.000 y 10.000 juicios cada día", obstruyendo gravemente la ya de por sí aciaga situación de la Justicia en España. 

Los letrados convocaron en noviembre y diciembre dos paros que no provocaron respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia, con quien mantienen un conflicto por la no adecuación de sus condiciones a las responsabilidades que vienen asumiendo tras las reformas legales de 2009 y 2015. "El Ministerio de Justicia está completamente aislado, no nos ofrece ninguna respuesta. Les hemos enviado un requerimiento para que nos reciba y según la Ley Orgánica del Poder Judicial tienen el deber de hacerlo", alega Ernesto Casado, presidente del Colegio de Letrados.

Las tres asociaciones convocantes, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) lamentan los perjuicios que los paros pueden ocasionar, pero advierten de que "si el ministerio decide seguir en la casilla de salida, las consecuencias de la huelga son su responsabilidad, no nuestra". 

Exigen mejores condiciones ante la mayor carga de trabajo

La raíz del problema se sitúa en 2009, cuando una reforma legal atribuyó a los letrados varias responsabilidades que previamente correspondían a los jueces. A partir de entonces, el gremio ha asumido progresivamente una mayor carga de trabajo sin verla reflejada en sus condiciones salariales, siendo la reforma de 2015 otro episodio clave en este sentido.

"En aquel momento de crisis no contemplamos la posibilidad de una mayor valoración económica, pero ahora es necesaria una adecuación salarial", señala Casado al hacer repaso del conflicto que ha llevado a la huelga de este mes. El presidente del Colegio de Letrados sostiene que las reformas de aquellos años han llevado a los letrados a tener competencias "cuasi judiciales". "Las obligaciones que asumimos, que prestigian nuestra labor, han sido a cambio de nada", recalca el letrado, "en la jurisdicción social, las resoluciones de letrados resuelven tantos asuntos como las sentencias de los jueces". 

"En la jurisdicción social, las resoluciones de letrados resuelven tantos asuntos como las sentencias de los jueces"

A finales de 2021, la cartera de Justicia liderada por Pilar Llop se sentó con los sindicatos de los cuerpos generales a negociar unas condiciones salariales que no se adecuaban, según denuncian las asociaciones de letrados, a las reformas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año. 

Esto llevó a los letrados a convocar paros en enero y marzo de 2022. Solicitaban una adecuación salarial y un Estatuto acorde con los cientos de funciones que habían asumido en los últimos años. También exigieron modificaciones en el reglamento, los concursos de traslado o el plan de prevención de riesgos laborales. 

En abril se convocó un tercer paro que no se celebró porque el Ministerio de Justicia, al fin, respondió y adoptó una serie de compromisos. Desde entonces, según denuncian las asociaciones, no ha habido manera de retomar el contacto, y mientras el Gobierno asegura haber cumplido el grueso de estos acuerdos, los letrados lo niegan rotundamente. En esencia, denuncian el incumplimiento de la reivindicación más relevante, el aumento de sueldo. 

Aseguran que la cartera de Pilar Llop no ofrece ninguna respuesta, lo que les llevó a convocar a finales del pasado año dos paros secundados (según datos del Colegio de Letrados) por el 75,3% y el 73,9% de los letrados. El presidente del Colegio de Letrados asegura a 20minutos que aquellos paros provocaron la parálisis de "entre 8.000 y 10.000 juicios diarios" y advierte de que "la situación podría ser peor aún en el paro indefinido". 

El Colegio lamenta que la huelga generará "tapones" en la actividad de los juzgados, ocasionará problemas económicos y contribuirá a menoscabar "la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Pero los letrados mantienen que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Justicia, al que se han dirigido varias ocasiones sin obtener respuesta. 

Piden "medidas necesarias" a Pedro Sánchez

El comité de huelga hizo llegar una carta al presidente Pedro Sánchez el pasado 16 de enero con la pretensión de "alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país". Es "imprescindible" la labor de los más de 4.300 letrados del país, aseguran las asociaciones, que anticipan además la paralización de los pagos judiciales a particulares y al Tesoro Público. 

"Ante la gestión insensible e irresponsable del departamento ministerial del Gobierno que preside, en un año electoralmente tan importante, apelamos a su autoridad para que se adopten las medidas necesarias para que se reconduzca el conflicto", finaliza el comunicado dirigido al presidente.