Mañueco desautoriza a Vox y critica que ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal "puede derivar en coacciones"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Europa Press

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha desautorizado este lunes a su vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, al incidir en que el protocolo con medidas contra el aborto anunciado el pasado jueves "no obligará a nada", ni a los médicos ni a las mujeres embarazadas. Es más, ha dicho que ofrecer a las mujeres embarazadas que están pensando en abortar escuchar el latido fetal del embrión "puede derivar en coacciones directas o indirectas".

En una declaración institucional convocada para aclarar la polémica surgida a raíz de las medidas anunciadas por Vox y después por la Consejería de Sanidad de esta comunidad, Mañueco también ha acusado al Ejecutivo central de "usar a las mujeres" para "hacer oposición a la Junta"

Responde así al revuelo que ha generado el protocolo anunciado el pasado jueves por García-Gallardo para instar a los médicos de la comunidad a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, de contemplar una ecografía 4D (con imagen en movimiento) y de recibir asistencia psicológica. La declaración de Mañueco llega, además, apenas horas después de que su vicepresidente, de Vox, insistiese en que las medidas eran "obligatorias" para los profesionales sanitarios, en contra de lo que ha precisado el presidente de la Junta. 

Así, Mañueco ha sostenido que no se va a actualizar ningún protocolo, sino que se van a impulsar una serie de medidas que "mejoran y modernizan las prestaciones" para mujeres embarazadas. "No se obligará a los médicos a nada. No se obligará a las embarazadas a nada. Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición", ha subrayado. 

Reconoce que "puede derivar en coacciones"

El presidente de la Junta ha reconocido también que "el orden de estos factores" -esto es, que sean los médicos los que propongan escuchar el latido del feto y que no sea una petición que surja de la mujer que está pensando en abortar- "puede derivar en coacciones directas o indirectas a las mujeres". Por ello, ha sostenido, su gobierno "ni las va a promover ni amparar". 

Mientras tanto, y pese a que supuestamente estas medidas empiezan a aplicarse desde este mismo lunes, no hay por ahora ninguna publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), ni se han concretado las medidas en ningún documento, más allá de la nota de prensa publicada por la Consejería de Sanidad el propio jueves. En ella, se informa de que el protocolo nace "fruto del acuerdo de gobierno" entre el PP y Vox, y que contempla la puesta en marcha de "iniciativas dirigidas a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre".

Medidas que García-Gallardo calificó entonces como "provida", impulsadas ante el "drama social" que considera que supone el aborto y para que las mujeres puedan tomar decisiones "mucho más conscientes".

El Ejecutivo central, dispuesto a llevar la medida al TC

Por su parte, el Ejecutivo central ya ha avisado de que está dispuesto a llevar la medida al Tribunal Constitucional (TC), según ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias: "No vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres", ha defendido durante una entrevista para la Cadena Ser. 

Además, cabe recordar que, en esa línea, el Gobierno de Pedro Sánchez dirigió este domingo por la tarde un "requerimiento oficial" a la consejería castellanoleonesa para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa" con respecto al aborto. En un comunicado oficial, exige a Mañueco que paralice el protocolo "por posible vulneración de principios fundamentales". 

Un requerimiento que ya en su momento el presidente de la Junta calificó de "intolerable ataque" y al que se ha vuelto a referir durante la comparecencia de este lunes. Según Mañueco, su gobierno ha recibido la noticia con "sorpresa", y ha acusado al Gobierno de aprovechar la polémica "para sacar rédito político". "Ni el Gobierno [de Castilla y León] ha contemplado obligar a los sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a embarazadas, ni va a aceptar que el Gobierno central utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta", ha afeado. 

Así, el presidente de la Junta ha expresado su "estupefacción" por el "comportamiento del Gobierno", y ha aprovechado para cargar contra la ley del 'solo sí es sí', que ya "ha ocasionado que decenas de agresores sexuales vean rebajadas sus penas". "No tienen ninguna autoridad para dar lecciones en lo referido a la protección de las mujeres", ha reprochado.

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