Las ministras de Igualdad, Irene Montero, y la de Turismo, Reyes Maroto, han considerado un ataque a los derechos de las mujeres las medidas para disminuir los abortos en Castilla y León anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), aunque matizadas luego por la Consejería de Sanidad.

Ambas ministras se han expresado así sobre el anunciado protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo. 

"Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP", ha expresado Montero a través de las redes sociales. 

Por su parte, en declaraciones a los medios en un acto en Madrid de la compañía aérea Iberia, Maroto ha opinado que se trata de "un ataque intolerable" contra las libertades en Castilla y León, con el fin, ha lamentado, de "intimidar a las mujeres para que no ejerzan su derecho".

Asimismo, se ha preguntado "si este es el coste que tiene que pagar el PP para seguir gobernando" en la región. 

También la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha declarado al diario El País que "este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país".

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, también se ha pronunciado y ha escrito en Twitter que se le "abren las carnes" con este protocolo: "Esto solo va a generar situaciones de dolor y sufrimiento, en la prestación de un servicio que en Castilla y León ya es intencionadamente deficitario", ha dicho. "Las mujeres no necesitamos la tutela de este individuo (García-Gallardo). ¿Dónde está Mañueco?", se ha preguntado la socialista.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, tildó el anuncio de "un nuevo ataque intolerable contra los derechos de las mujeres de Castilla y León". Defendió que "no hay un problema con los médicos objetores" en esa Comunidad donde, criticó, "hay dificultades" de acceso a la Sanidad. "Pretenden encima trasladar la sensación de que las mujeres que quieren ejercer su derecho tienen un problema de salud mental", lamentó.

Matización de la Consejería

La Consejería de Sanidad en Castilla y León, cartera que dirige el PP, matizó las medidas sanitarias anunciadas este jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), para la atención a los embarazos y ha asegurado que "el protocolo va a seguir igual".

Fuentes de la Consejería han indicado a EFE que no se obligará a los médicos a ofrecer una ecografía entre la sexta y la novena semana para que la embarazada escuche el latido fetal ni tampoco una ecografía 4D si no es por sospecha de alguna anomalía, dos medidas que el vicepresidente anunció como recursos para disuadir de abortar. 

El protocolo seguirá como hasta ahora, con la primera ecografía a las 12 semanas. Y las ecografías 4D solo se harán, si lo decide el facultativo por la sospecha de alguna anomalía, en el cuarto trimestre, han asegurado desde la Consejería de Sanidad. 

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En cuanto al refuerzo de la atención psicológica para las embarazadas, Sanidad ha explicado que esto ya existe en el protocolo actual: "Tanto a las mujeres que desean continuar con su embarazo como a las que quieren interrumpirlo se les ofrecen todos los recursos sanitarios disponibles, entre ellos el psicólogo clínico, el trabajador social y la matrona", han indicado. 

Preguntado en Burgos por las medidas anunciadas por García-Gallardo, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), se limitó a decir que lo que aportan de nuevo es que "ofrecen una visión diferente y son medidas para fomentar la natalidad como está recogido en el acuerdo Gobierno" de los dos partidos, sin entrar en detalle. 

García-Gallardo explicó el contenido de estas nuevas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde defendió que se trata de un acuerdo asumido por el Ejecutivo autonómico en su conjunto, con un agradecimiento específico hacia Vázquez (PP), con quien han negociado estas iniciativas y a quien ha visto "muy dispuesto". 

El vicepresidente las enmarcó en todo momento como medidas "provida", contra el aborto. Sin embargo, fuentes de Sanidad han asegurado que ese no es el enfoque y que se mantendrán los protocolos vigentes hasta ahora.