La decisión del Tribunal Supremo de eliminar el procesamiento por sedición de Carles Puigdemont tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal conlleva más preguntas que respuestas. Dudas que deberá ir despejando el tribunal en las próximas semanas y que no solo afectan al futuro judicial del expresident y su posible regreso a España, sino al resto de implicados en el proceso independentista de 2017, tanto a los que están huidos como a los ya condenados. En este último grupo está Oriol Junqueras, quien permanece inhabilitado, aunque la decisión del juez Pablo Llarena puede abrir el camino a hacer ajustes en el periodo por el que no puede volver a la política.

El auto que el juez instructor de la causa del procés notificó este jueves la retirada del delito de sedición en el procesamiento de Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para sustituirlo por desobediencia. Para el expresident, Comín y Puig, sí les mantiene el ilícito de malversación, pero en su versión agravada, lo que conserva las altas penas por este delito, de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que si los magistrados del Supremo que juzgaron el caso y condenaron a Junqueras y los otros 11 encausados siguen el camino marcado por Llarena, sería posible mantener la condena a 13 años de inhabilitación de Junqueras con "retoques mínimos".

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El otro delito a valorar, el de desobediencia, no tiene pena de cárcel, sino que está castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. De este modo, si el tribunal que juzgó el procés sigue el camino abierto por Llarena y ambos delitos se mantuvieran para Junqueras, dado que la malversación permite inhabilitar por hasta 20 años y que la desobediencia añadiría otros 2 años, se podría preservar la condena actual a 13 años de inhabilitación.

Sin embargo, no se trata de una simple operación matemática, ya que Junqueras fue condenado por los delitos de sedición y malversación en concurso medial, lo que significa que la malversación se llevó a cabo para cometer conducta sediciosa. Como el Supremo no especificó los años de inhabilitación que correspondían para cada delito, sino que fijó el total de 13, la duda que se plantea entonces es cómo ajustarán los magistrados del tribunal la nueva pena de inhabilitación que sigue vigente, puesto que Junqueras fue indultado solo de la pena de prisión. El exvicepresidente catalán quedó inhabilitado provisionalmente desde julio de 2018, por lo que ahora mismo lo estaría hasta julio de 2031.

El riesgo de la cárcel

Y del futuro de Junqueras, al de Puigdemont, Rovira y los exconsejeros. El delito de sedición que afectaba a todos se sustituye por desobediencia, sin pena de cárcel, pero el expresident, Comín y Puig también están afectados por la malversación -además sin las rebajas contempladas en la última reforma del Código Penal-, de modo que continúan arriesgándose a penas de prisión, y no precisamente bajas.

Esta circunstancia es lo que podría determinar el futuro más inmediato de Puigdemont. Su abogado, Gonzalo Boye, aseguró ayer que la decisión de Llarena de retirar el delito de sedición "no cambia nada" la estrategia de defensa y que el expresidente no volverá a España hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tome una decisión respecto al suplicatorio del Parlamento Europeo, que podría llegar en febrero o marzo de este año. Puigdemont, por su parte, parece cerrar la puerta a un pronto regreso.

De momento, el magistrado ha dejado sin efecto las euroórdenes que pesaban contra los huidos, a la espera de que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial sobre el alcance de las mismas y se pronuncie sobre la inmunidad europarlamentaria de Puigdemont y Comín.

Rovira y Ponsatí quedarían en libertad

Lo que sí parece que está más claro es el futuro judicial de Marta Rovira y Clara Ponsatí. El delito por el que estaban procesadas, sedición, ya no pesa sobre ellas y al tener que enfrentarse solamente a uno de desobediencia -sin pena de prisión; solo de inhabilitación-, su posible vuelta a España parece despejada.

Podrían seguir así el camino de la exconsejera Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, quienes se personaron ante el Supremo tras años huidas en Bélgica y Suiza, respectivamente, al pesar sobre ellas solo un delito de desobediencia. Ambas están en libertad a la espera de juicio.