Más de 40 organizaciones feministas han exigido este miércoles al Gobierno que "active y refuerce todos los mecanismos" para hacer frente al repunte de violencia de género iniciado en el mes de diciembre y que deja ya, solo en 2023, cuatro mujeres asesinadas (tres confirmadas como violencia machista). En un comunicado conjunto, las asociaciones han alertado de la "situación de alarma" que constituye la "concentración de asesinatos y agresiones graves" de las últimas semanas y urgen al Ejecutivo a dedicar un "esfuerzo adicional" en la puesta en marcha de medidas concretas para hacer frente a la situación.

"Exigimos al Estado, como el responsable máximo de la lucha contra esta lacra, que active y refuerce todos los mecanismos, incluyendo la dotación de fondos públicos, para seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género", reza el escrito de las organizaciones firmantes, muchas de las cuales forman parte del Observatorio estatal contra la violencia de género y del Consejo de Participación de la Mujer.

Denuncian además que las instituciones no hayan contado con las organizaciones feministas especializadas a la hora de analizar y diseñar nuevas medidas de respuesta ante esta situación, y demandan ser convocadas en los comités de crisis -creados recientemente el Ministerio de Igualdad- "para exponer las deficiencias en la respuesta institucional tanto por parte de la Justicia como de las administraciones públicas". 

Todo ello, pese a que muchas de las entidades se encuentran "más cerca de las víctimas" y a que son -según han subrayado- quienes mejor conocen "los déficits detectados en los recursos" por esa misma razón. "Esta colaboración entre los poderes públicos y la sociedad civil es imprescindible para el objetivo de fortalecer una relación entre la parte social, judicial y policial, que proteja mejor a las víctimas", aseveran. 

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De este modo, y para dar respuesta a la actual "situación de alarma", las asociaciones firmantes -entre las que se encuentra la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas o Fademur- consideran "necesario" reforzar los mecanismos vigentes y evaluar su aplicación. 

En concreto, consideran "imprescindible" que se haga un cumplimiento estricto de las medidas de vigilancia y control, incluyendo la evaluación del Sistema VioGén. Urgen también a "reformar la coordinación judicial y policial" y a adoptar "medidas especializadas para las víctimas con especial vulnerabilidad" (mayores de 65, migrantes, mujeres con discapacidad, etc.). 

Además, han recordado que, pese a que es un mandato de la ley de violencia de género de 2004, todavía no hay unidades de valoración forense en todas las comunidades autónomas, algo que vienen exigiendo desde hace tiempo como medida fundamental para fortalecer la protección de las víctimas.

"El sistema ha fallado alarmantemente"

En ese sentido, la presidenta de Fundación Mujeres, Elena Valenciano, ha señalado durante la presentación del manifiesto que la valoración del riesgo que presentan las víctimas es, precisamente, uno de los puntos que falla. Valenciano ha explicado que muchas veces estas mujeres tienen "debilitada" su capacidad de decidir y actuar para salir de la situación de violencia, por lo que resulta "muy difícil" para ellas "medir el riesgo que realmente corren". 

Por ello, Ángela Alemany, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha defendido en la misma rueda de prensa que deben ser los profesionales que las atienden los que tienen que actuar y "no minimizar las situaciones", independientemente de lo que diga la víctima. "El sistema ha fallado alarmantemente en los últimos meses cuando vemos que mujeres que han denunciado no han conseguido la protección del Estado y han sido asesinadas", ha subrayado.

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La propia Fiscalía, de hecho, ha apuntado también hacia esa dirección este mismo miércoles. En un comunicado, la fiscal de sala de violencia contra la mujer ha pedido a los fiscales de todo el país que soliciten las medidas cautelares necesarias (como órdenes de protección), incluso si la víctima no las ha pedido. 

"El riesgo debería ser 0 al estar protegidas por el Estado"

Señalan también a la situación de desprotección que, según demuestran los datos, se encuentran las mujeres que sí piden auxilio. Según los datos de diciembre de 2022, casi la mitad de las asesinadas habían denunciado a su agresor, y cinco (de la 11 confirmadas) se encontraban den el Sistema VioGén. En total, y según datos del Ministerio del Interior, actualmente hay 74.656 mujeres con protección, de las cuales 17 se encuentran en riesgo extremo y 706 en riesgo alto. 

"El sistema falla cuando las mujeres denuncian y no son protegidas por el Estado porque acaban siendo asesinadas. Es un fallo del procedimiento que debemos resolver", ha aseverado Valenciano, quien asegura que se trata de un fenómeno social "cambiante" que demanda "estar en alerta y adoptar nuevas medidas". "El riesgo de ser asesinada debería ser cero cuando está protegida por el Estado", ha concluido. 

Por último, el manifiesto reclama una financiación estable de las organizaciones, así como la renovación y actualización de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y exige la "inmediata constitución" de la Subcomisión que se acordó a finales de octubre en el Congreso de los Diputados. También ahí piden estar presentes: "Nos ponemos a disposición de este proceso y esperamos poder participar en la definición de estos acuerdos políticos en calidad de agentes sociales y organizaciones especializadas que tienen mucho que aportar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres".

Irene Montero dice que sí cuenta con el colectivo

Preguntada sobre las quejas de los colectivos feministas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado estar contando con ellas. "Algunas veces son la única mano tendida que esas mujeres han tenido y las asociaciones feministas han estado allí cuando las instituciones no estábamos dando respuesta adecuada, no estábamos a la altura", ha apostillado durante una entrevista para la Cadena Ser.  

Tras recordar que existe el servicio 016 de atención a las víctimas, Montero ha destacado que las asociaciones "también son puertas seguras" y que es urgente "tejer esa malla [de protección] para que la respuesta sea más coordinada".