El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado frente a los gobernadores de los 27 estados del país que los manifestantes que asaltaron este domingo las instituciones brasileñas reclamaban un golpe de Estado y que no tenían ningún tipo de agenda negociadora o de reivindicaciones.

"El resultado electoral se dio y fue respetado por gran parte de la sociedad, pero algunos perdedores no lo aceptaron y están en la calle. ¿Qué exigen? Están frente a los cuarteles en casi todo el territorio nacional reclamando un golpe de Estado", ha declarado Lula. "Lo que pasó estaba previsto. Las personas en las calles y frente a los cuarteles no tenían agenda ni reivindicaciones", añadió durante la reunión de emergencia con los gobernadores y los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial.

En este sentido, el mandatario ha reiterado que los participantes del asalto "no tenían una agenda de reivindicaciones", sino que solamente querían "un golpe". 

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Para Lula, los miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que destruyeron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema solo querían "negar el resultado del proceso electoral, intentando demostrar que hay fallas, inexistentes, en las urnas".

"El resultado electoral fue respetado por una buena parte de la sociedad. Las veces que perdí (en elecciones) volvía para casa a prepararme ya para el próximo pleito electoral", aseveró.

Los bolsonarisatas radicales estaban acampados desde hace dos meses frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar con un golpe de Estado contra Lula, quien el 30 de octubre venció a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral.

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"No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió", ha sostenido Lula. "Del golpe era la única cosa que se escuchaba hablar" en los campamentos, desmontados este lunes por los organismos de seguridad después de una decisión de la Corte Suprema, apuntó el presidente brasileño.

Diez ministros para negociar

Según el mandatario, el nuevo Gobierno, que asumió el pasado 1 de enero, tenía "diez ministros para negociación" con los manifestantes.

Pero, cuestionó, "estaban frente a los cuarteles ¿reivindicando qué? ¿Aumento de salario, más libertades, vivienda, retomada de la producción agrícola? No, solo el golpe".

Según el jefe de Estado, las más de 1.200 personas detenidas durante el asalto a los tres poderes el domingo y en los campamentos levantados este lunes "van a permanecer presas", aunque admitió que "posiblemente son víctimas" y "masas de maniobra de mandantes".

"Vamos a encontrar a quien financió y costeó. Yo soy especialista en campamentos y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día, No vamos a ser autoritarios, pero vamos a investigar", manifestó el exlíder sindical.

Apoyo de exmandatarios de Bolsonaro

En el encuentro, que ha tenido lugar en el Palacio de Planalto, los representantes de los estados se han solidarizado y ofrecido apoyo al gobierno federal, defendiendo la democracia y el diálogo para evitar una acción de este tipo en el futuro.

También han participado aliados del exmandatario Jair Bolsonaro, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la vicegobernadora del Distrito Federal, Celina Leao -ahora gobernadora interina, tras la suspensión temporal del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por su responsabilidad en el asalto-.

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El gobernador de Sao Paulo y exministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, instó por la "pacificación" para que la "democracia brasileña se torne todavía más fuerte" con "gestos de todos los poderes" y de los gobernadores.

De Freitas ha afirmado que "fue muy importante estar presente (en la reunión", ya que se trata de un "acto de solidaridad con los poderes constituidos", así como la democracia. "Este encuentro significa que la democracia brasileña, después de los episodios de ayer [por este domingo], se fortalecerá aún más", ha agregado el gobernador del centro financiero de Brasil.

Otro escudero de Bolsonaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, dijo en la reunión que "las instituciones no van a parar" y que se tomarán medidas contra "ese grupo que intentó dejar la democracia agachada".

Ya la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber, manifestó a los gobernadores que la depredación en el interior del Palacio de Justicia la "entristeció de manera enorme", pero que ese "predio histórico", lleno de "simbología", será "reconstruido".