El septiembre de 2021 entró en vigor la Ley 8/2021, normativa que, entre otras cosas, eliminó la incapacitación judicial y reconoció que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás.

Tras la aprobación de esta ley se terminan, por tanto, las tutelas, pero su efecto no es inmediato, sino que para las ya existentes se da un plazo de tres años, es decir, hasta 2024, para que estos casos sean revisados.

Mientras tanto, quienes ostenten la patria potestad de estas personas continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión para adaptar las sentencias a la nueva ley.

Esta ley, a largo plazo, puede tener muchas repercusiones, tanto para las personas con discapacidad como para sus tutores legales. Una de estas consecuencias es que, por ejemplo, son ellas y no sus tutores, quienes controlen sus cuentas bancarias.

Una de las consecuencias negativas que ya está teniendo la interpretación de esta ley es que, en la Comunidad Valenciana han salido a la luz miles de casos de clientes con discapacidad que han visto cómo su entidad bancaria ha bloqueado sus cuentas sin previo aviso. ¿El motivo? Al pedir a sus clientes que actualizaran sus datos bancarios y considerar que las personas autorizadas no tenían potestad para hacerlo, decidieron bloquear las cuentas bancarias, con el consecuente perjuicio de las personas con discapacidad y sus familias.

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Este fue el caso de Marian Ferrús, madre de un joven con discapacidad intelectual, que se enteró de que la cuenta de su hijo estaba bloqueada al recibir una carta de la Consellería de Igualdad en la que le informaban de que no podían ingresar el dinero correspondiente a la ayuda a la dependencia, "las personas con discapacidad tienen que ser titulares de las cuentas, si no, no reciben las prestaciones. Una entidad en concreto revisó los datos de todos sus clientes, y pidió que se actualizaran. En aquellas cuentas en la que el titular era una persona con discapacidad y otra persona estaba como autorizada, no permitían la actualización de los datos a la persona autorizada, sino que tenía que ser la persona titular. Al no poder hacerlo, bloquearon la cuenta directamente y sin previo aviso", se queja Marian. 

Desde que tenemos la cuenta bloqueada, nos hemos gastado más de 3.000 euros

Esto supuso un grave perjuicio para su familia, pues es la cuenta en la que reciben la prestación de ayuda a la dependencia, que en su caso es la correspondiente a un grado 3, unos 700 euros al mes con los que costean los tratamientos y apoyos que su hijo necesita, "son cuentas que en muchos casos tienen exclusivamente para ingresar estas ayudas o pensiones no contributivas, cuentas a las que además van los recibos para pagar a las entidades que prestan los apoyos que la persona necesita". Al no recibir los pagos, estas entidades dejan de prestarles los tratamientos  que necesitan, a no ser que sus familias los costeen, que es lo que le pasó a Marian Farrús, "desde que tenemos la cuenta bloqueada, nos hemos gastado más de 3.000 euros", cuenta. 

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Más de 2.500 afectados solo en Valencia

Su caso no es único, pues, como presidenta de Plena inclusión Comunidad Valenciana, indagó desde la entidad y se dieron cuenta de que había, solo en esta comunidad, más de 2.500 en su misma situación. Desde entonces, se han puesto en contacto con la Consellería de Igualdad y a la Fiscalía General del Estado y han asesorado jurídicamente y ayudado a muchas familias a recuperar sus cuentan sus prestaciones, pero aún quedan muchas que esperan una solución, "todavía hay cientos de familias afectadas con cuentas bloqueadas y muchas otras que aún no han podido recibir las prestaciones atrasadas. Y no sabemos el alcance que está teniendo esto, y si está pasando en otras comunidades, porque la entidad que ha bloqueado las cuentas opera en toda España", advierte Marian.

Para poder restablecer sus cuentas, las entidades están pidiendo a las personas la sentencia de incapacitación y, aunque teóricamente eso ya no rige desde la nueva ley, las familias que la tenían la han presentado. El problema ha sido con aquellas familias que no tenían esta sentencia, como es el caso de Marian, "nuestro hijo ha cumplido la mayoría de edad después de la ley y lo que nos pedían para desbloquear la cuenta era un papel para demostrar que somos guardadores de hecho, pero no entienden que somos ‘de hecho’ y que no hay ningún papel que lo justifique. Para solucionar estos casos, han hecho ir a las personas con discapacidad intelectual a la oficina con el familiar de apoyo para hacer una autorización… ha retrasado todo". 

Si la gente no conoce la ley ni el cambio de visión que supone, esto puede ocurrir en cualquier otra entidad o administración

Aunque al final todo vuelva a la normalidad, según Marian, el tema de las cuentas bancarias no hace más que reflejar una falta de sensibilidad y conciencia que aún existe entorno a la discapacidad, "el problema es doble. Por un lado, de falta de conocimiento de las propias leyes que afectan a la discapacidad y por otro, de sensibilidad, porque las entidades se han movido poco al hacerles ver cuál era el problema. Desde mi punto de vista, es una actuación muy hostil bloquear sin avisar previamente. Han dilatado tanto las soluciones, que todavía hay muchas familias afectadas… Además, si vieron que era algo masivo, ¿no podían haberse planteado que estaba pasando algo? Es un trastorno para la vida de las familias de personas con discapacidad intelectual que no tiene ninguna justificación”, dice indignada.

La solución pasa, por tanto, por concienciar más a la sociedad en su conjunto, "hace falta más conocimiento, porque si la gente no conoce la ley ni el cambio de visión que supone, esto puede ocurrir en cualquier otra entidad o administración. Es muy cansado tener que estar explicando que la ley ha cambiado, que es mucho mejor ahora para las personas con discapacidad, pero que implica que todos tengamos una mirada hacia las personas con discapacidad y sus familias". 

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Una errónea interpretación de la ley

Además de la falta de sensibilidad de estas entidades, con la ley en la mano, Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena inclusión, asegura que lo que han hecho estas entidades bancarias es completamente erróneo, "es una cuestión de ignorancia de los servicios jurídicos de los bancos y una mala aplicación de la normativa". Según explica Araoz, la ley establece claramente que las sentencias de incapacitación tienen tres años para ser revisadas y actualizadas, y que, mientras tanto, están en vigor, "lo que están haciendo no tiene razón de ser, porque mientras esas situaciones no se revisen ni se emitan nuevas resoluciones judiciales, lo anterior está en vigor. Por tanto, si esas personas antes eran representantes legales y tenían cierta capacidad de actuación, la siguen teniendo hasta que un juzgado diga lo contrario". 

En ningún caso la entidad bancaria puede decidir cómo es la relación jurídica entre la persona con discapacidad que necesita apoyo con la persona que le dé ese apoyo

Además, es un juez, y no entidad bancaria, quien establece la relación entre la persona con discapacidad y aquella que lo apoya, "los bancos están interpretando erróneamente la normativa y están asumiendo unas competencias que no tienen. Es el juez, en un plazo de tres años, quien decidirá en qué grado una determinada persona ejercerá un determinado apoyo a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, y esta decisión establecerá la configuración jurídica de la relación de esa persona con la entidad bancaria. En ningún caso la entidad bancaria puede decidir cómo es la relación jurídica entre la persona con discapacidad que necesita apoyo con la persona que le dé ese apoyo", explica.

Además, las entidades bancarias no solo están bloqueando cuentas, sino que otras han mandado cartas advirtiendo a las personas autorizadas de que no van a poder operando en esas cuentas, "envían una carta a las personas que prestan apoyo a las personas con discapacidad, las que están autorizadas en sus cuentas, advirtiéndoles de que, si en un periodo de tres años si no presentan el documento de revisión, se les bloqueará también la capacidad de actuar en las cuentas, cuando eso no es así, porque las personas no están obligadas a iniciar el proceso", aclara Araoz. Esto, junto con el bloqueo de cuentas, "está dejando a estas familias muy indefensas, sin saber cómo actuar". Algo que se resolvería, según Inés de Araoz, con un poco de voluntad, "la solución pasa por hablar con ellos y explicarles qué están haciendo mal, pero se tienen que abrir el diálogo". 

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