La entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán podría no producirse finalmente a tenor del resultado del informe del médico forense que ha evaluado la enfermedad que padece y que su defensa ha alegado para que se suspenda su condena de seis años y dos días por malversación en el caso de los ERE. 

Dicho informe reconoce, en relación al cáncer de próstata, que "se trata de una enfermedad muy grave" ante la cual, "dado el pronóstico emitido, existen posibilidades de curación", si bien como todavía no ha avanzado el tratamiento prescrito a Griñán en forma de medicación y radioterapia, no es posible determinar aún "cuál será su evolución" sanitaria, en un marco en el que actualmente el tratamiento del cáncer es "eficaz en un alto porcentaje de casos salvo los muy agresivos" o en fase terminal.

El documento concluye así que no es conveniente que Griñán entre en la cárcel debido a la enfermedad que padece, apuntando que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones a las que va a ser sometido, "parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria" y con la vida en prisión.

La forense del Instituto de Medicina Legal (IML) que examinó al expresidente socialista el pasado 3 de enero ha indicado que el diagnóstico de cáncer produce un derrumbe psíquico en la persona que lo padece y que el ingreso en la cárcel "no ayuda" a afrontar una patología de esta entidad, toda vez que el enfermo "necesita todos los recursos disponibles que tiene a su alcance", como "un apoyo familiar y social necesario e incluso imprescindible en estos casos". 

Así pues, la forense señala en el mencionado documento la "no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica", por la que su defensa asegura que Griñán ya ha comenzado el tratamiento.

Griñán se somete al examen del médico forense que decidirá si la enfermedad que padece le permite o no entrar en prisión

La Audiencia de Sevilla ha remitido ya este informe forense a la Fiscalía Anticorrupción y al PP, como acusación particular, y les ha dado un plazo de tres días para que se pronuncien sobre el mismo antes de tomar su decisión definitiva. 

El PP ya ha asegurado que apurará ese plazo de tres días concedido por el tribunal. "Valoraremos, dentro del plazo que nos ha concedido la Audiencia, el posicionamiento y lo que entendemos qué es lo mejor", ha asegurado por su parte el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha recordado que su formación siempre ha mantenido que los condenados por el caso de los ERE tenían que cumplir sus condenas, como lo haría cualquier ciudadano con un sentencia de prisión.

Cabe recordar que el tribunal provincial concedió un plazo de diez días a los condenados a prisión para su ingreso voluntario en un centro penitenciario, que expiró el pasado 2 de enero. Salvo Griñán, el exviceconsejero Agustín Barberá -que también ha alegado una enfermedad muy grave-, y el ex director de Trabajo Juan Márquez -a quien el Supremo redujo la pena, suspendida por un año hasta que se resuelva la petición de indulto-, el resto de condenados ya están cumpliendo su condena en la cárcel.