Superada la renovación del Tribunal Constitucional, los magistrados que lo componen deben escoger ahora al que será su próximo presidente, un puesto que se disputan la magistrada feminista María Luisa Balaguer y el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. Los miembros del Constitucional celebrarán una primera votación secreta, por mayoría absoluta, y una segunda por mayoría simple en caso de que la primera no revele un ganador. 

En este proceso de selección serán clave los votos de los recién investidos Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa, que podrían decantar de uno u otro lado la pugna progresista por presidir la corte de garantías. El nuevo presidente sustituirá a Pedro González-Trevijano, que accedió al puesto en noviembre de 2021 y se marcha del Constitucional por haber caducado su mandato. 

Tradicionalmente, aunque no hay una norma escrita que obligue a ello, a la presidencia del TC postulan los magistrados que se encuentran en el último tercio de su etapa. En este caso son María Luisa Balaguer, Conde-Pumpido y Ricardo Enriquez, que por ser conservador en un TC de mayoría progresista no aspira a presidir el órgano. Todos ellos fueron nombrados por el Senado en 2017 y se encuentran a tres años de abandonar el órgano constitucional. 

La magistrada María Luisa Balaguer es feminista declarada, experta en igualdad y defensora de instaurar la paridad obligatoria en el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Si alcanza la presidencia será la segunda mujer en hacerlo, puesto que María Emilia Casas encabezó el tribunal entre 2004 y 2011.

Para ello cuenta con el apoyo del bloque conservador, formado por cuatro magistrados muy contrarios a la idea de que Conde-Pumpido presida el órgano. Este rechazo nace de dos factores clave: los lazos entre Pumpido y el Partido Socialista y las críticas que este magistrado vertió contra estos cuatro conservadores en su voto particular contra la sentencia que declaró inconstitucional el estado de alarma en 2021. Aquel voto recogía la protesta de Pumpido contra la decisión de sus compañeros conservadores y tildaba la sentencia de "propia de un jurista de salón". Algo por lo que Conde-Pumpido acabó disculpándose. 

El magistrado fue nombrado fiscal general del Estado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es fundador de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y en 1984 dictó una de las primeras sentencias del caso de los GAL. Pumpido formó parte del tribunal que condenó al exministro del Interior José Barrionuevo por ser responsable, junto a Rafael Vera, del secuestro de Segundo Marey. 

Teniendo en cuenta la postura de los conservadores, motivada por el rechazo a Conde-Pumpido más que por la simpatía hacia Balaguer, la partida se jugará en la cancha progresista. De ahí la importancia del voto de los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Un voto en el que ya pensaban el Gobierno y el CGPJ cuando escogieron candidatos para acceder al Constitucional. 

Este asunto motivó, de hecho, la negativa de los conservadores del Consejo al candidato que presentó en primer lugar el ala progresista: José Manuel Bandrés. El bloque conservador asumió desde el principio que, si ascendía al tribunal de garantías, Bandrés daría su voto a Pumpido, por lo que propusieron en su lugar a María Luisa Segoviano. 

Tanto ella como el exministro de Justicia Juan Carlos Campo mantienen sin embargo una "magnífica" relación con Conde-Pumpido, según confirma Europa Press. El propio exministro coincidió con él cuando el magistrado lideraba la Fiscalía y Campo trabajaba como secretario de Estado de Justicia.