El Gobierno de Canadá prohibirá durante los próximos dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes, una medida que tiene el objetivo de controlar los precios.

Esta nueva ley aprobada por el Ejecutivo de Justin Trudeau entró en vigor el 1 de enero ante el aumento de los precios de las viviendas en el país desde el comienzo de la pandemia del coronavirus y la creencia de que los compradores extranjeros adquirieron numerosas propiedades como inversión.

Según ha explicado en los últimos meses Trudeau, en el mercado inmobiliario canadiense se han producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores foráneos que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados. "Las casas son para las personas, no para los inversionistas", ha insistido el presidente liberal.

Sí podrán comprar viviendas los refugiados y los residentes permanentes de Canadá que la vayan a usar como residencia principal.

Canadá eleva los tipos de interés hasta el 4,25% pero apunta que el ciclo de subidas puede estar cerca de terminar

La medida, una de las promesas electorales de Trudeau en su última campaña a las elecciones de 2019, se pone en práctica pese a que los precios de la vivienda han caído en torno al 13 % este año, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces. Todo ello después de fuertes subidas tras la crisis sanitaria y de que el Banco de Canadá haya estado elevando los tipos de interés en los últimos meses.

El pasado abril, el Gobierno canadiense presentó su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022-2023 concentrado en la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda.

De los 31.200 millones de dólares canadienses (21.560 millones de euros) correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte está destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles para los canadienses.