Un total de 154 presos de ETA están ya en cárceles del País Vasco y otros 12 en prisiones navarras, lo que implica que el 92,2% de los miembros de la banda terrorista que cumplen condena (180) acabaron el año pasado en centros penitenciarios próximos a sus domicilios, en virtud de la política de acercamientos puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo reflejan los datos del Observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que elabora cada año y del que se desprende que, a fecha 30 de diciembre de 2022, actualmente quedan 14 etarras en cárceles que no sean vascas, sin contabilizar los 12 que cumplen condena en Navarra.

Restando licenciamientos de condena y las 17 libertades condicionales aprobadas por los jueces, cuatro de ellas en 2022, en la actualidad hay 73 presos etarras en la cárcel de Zaballa (Álava), 40 en Martutene (San Sebastián) y 32 en Basauri (Bilbao), así como otros nueve que la AVT no ha podido determinar en su estadística. Los 12 que están en Navarra cumplen condena en Pamplona.

Entre los acercamientos de exdirigentes de ETA al País Vasco aprobados por el Ministerio del Interior y que han sido más criticados por las víctimas por su sanguinario historial están Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, o Henri Parot.

El Gobierno del País Vasco asumió las competencias de gestión penitenciaria el 1 de octubre de 2021 y, por tanto, desde entonces se encarga de estudiar y aprobar, en su caso, las peticiones de tercer grado de todos los presos. De los etarras, el año pasado aprobó un total de 32 semilibertades, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el tribunal competente en materia de terrorismo, recurrió 22 de ellas, esto es, el 68%. 

Desde octubre de 2018, el Gobierno central había aprobado por decisión de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- un total de 27 progresiones a tercer grado para presos etarras, es decir, cinco menos que las autorizadas por el Ejecutivo vasco en el último año.

En la estadística del Ejecutivo central, la AVT no incluye las semilibertades de los etarras Olga Sanz y Javier Moreno, aprobadas en la etapa del PP pero ejecutados por el actual Gobierno en el verano de 2018, poco después de la llegada de Sánchez a Moncloa.

Según los datos del Observatorio de la AVT, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018 se han aprobado 370 traslados -166 para ir a prisiones vascas y otros 20 a Navarra- que afectan a 203 etarras, 98 de ellos con delitos de sangre relacionados con 298 víctimas en 217 atentados.

Seis terceros grados revocados por la justicia

De los 22 recursos contra terceros grados del Gobierno vasco, la Audiencia Nacional ha revocado ya seis, mientras que otros cuatro han sido inadmitidos, y aún quedan por resolver 12 progresiones de clasificación penitenciaria a alguna de las modalidades de semilibertad que contempla el reglamento penitenciario. En el caso del Gobierno central, el tribunal ha revocado dos terceros grados.

Tal y como recuerda Europa Press, las "discrepancias jurídicas" entre Gobierno vasco y el Ministerio Público quedaron constatadas en unas jornadas organizadas por la AVT en Vitoria el pasado noviembre. El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, advirtió ante el asesor vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, de que no pueden "descafeinarse" los requisitos legales para otorgar el tercer grado a los presos de ETA.

Bautista lamentó las dificultades que se encuentra la Fiscalía a la hora de buscar la colaboración de los reclusos para esclarecer delitos de ETA aún sin resolver. Los fiscales, dijo, se encuentran con "un muro de una organización, se llame ahora como se llame" tras la disolución de la banda terrorista, que es la que "impone" sus directrices a los presos.

Tapia, por su parte, rebatió al fiscal al decir que no existe constancia de ninguna "organización que dé instrucciones" a los presos. Tampoco compartía que las peticiones de perdón se diluyan en formulaciones "genéricas" de arrepentimiento. Pero sí reconoció que el Gobierno vasco "trabaja" para tratar de adecuarse a los requerimientos de Audiencia Nacional, desde donde se remiten a los requisitos de los artículos de la Ley General Penitenciaria 72.5 y 72.6 sobre responsabilidad civil, abandono de la violencia y colaboración con investigaciones judiciales.