Miguel Ángel Aguilar Cronista parlamentario
OPINIÓN

¿Qué se busca: competentes o adictos?

El presidente, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras el último Consejo de Ministros de 2023.
El presidente, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras el último Consejo de Ministros de 2023.
EFE
El presidente, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras el último Consejo de Ministros de 2023.
¿PREGUNTAR OFENDE? por Miguel Ángel Aguilar

In illo tempore, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, en su primer discurso televisado en 1976, dijo aquello de que se proponía "elevar a la categoría política de normal lo que, a nivel de calle, es plenamente normal". Sucedía que, en la calle, estaba normalizado el pluralismo, los partidos, los sindicatos, la libertad de expresión, aunque ninguna de esas libertades lloviera como el maná y quienes las defendían se vieran obligados a comprometerse dando la cara y corriendo el riesgo de que se la partieran. Suárez trataba de que las leyes reconocieran esa realidad social más avanzada. Y así, por esa senda, buscando la concordia integradora y no excluyente, llegamos a la Ley para la Reforma Política que permitió celebrar las primeras elecciones libres. De ahí derivó que las Cortes elegidas se transformaron en constituyentes y alcanzamos el gran acuerdo de la Carta Magna de 1978, mientras la lealtad de las Fuerzas Armadas cambiaba del franquismo a la democracia.

Poco más adelante, en octubre de 1982, se produjo la alternancia con la victoria del Partido Socialista, que para entonces había renegado del marxismo porque una vez más se comprobaba que toda victoria viene precedida de una renuncia. Ingresamos en la Comunidad Económica Europea, que derivaría en la UE, después de unas negociaciones, donde fuimos examinados de frente y de perfil sin que nos concedieran facilidad ni consideración alguna pese al terrorismo etarra que tenía un santuario en Francia. Confirmamos mediante el referéndum del 12 de marzo de 1986 nuestra adhesión a la OTAN y suscitamos la sorpresa y el desconcierto de los hispanistas desilusionados porque en adelante de España -como dijo Paul Preston en casa de Ángel Viñas a la altura de 1983- solo podían esperarse elecciones cada cuatro años. Es decir, Paul, lo mismo que cabe esperar de tu país, como le replicó airado un buen amigo periodista.

¿Nos explicará alguien por qué el Gobierno elude dar ejemplo nombrando como vocales del Constitucional a los más competentes?

En estos días, ora, con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa, al frente de un Gobierno de coalición, el primero de esta naturaleza en democracia, el proceso que con Suárez fluía de abajo arriba, de la calle a la ley, se pretende que ahora fluya en sentido contrario, de arriba abajo, de Moncloa a la calle. El actual inquilino de la Moncloa intenta el contagio inverso. Es decir, que la conversación monclovita -donde se habla con normalidad de los pactos con ERC y EH Bidu; de la amnistía a los golpistas del procés de 2017, con su declaración de independencia y su canesú, la supresión en el Código Penal del delito de sedición y la indulgencia del de malversación. Si fuere con buen fin independentista, por supuesto, y de la rehabilitación de los reos para que puedan volver a las andadas, sin coste penal alguno- acabe permeando de arriba abajo y llegue a ser asumida a nivel de calle. Semejante proceso, que normalice en la calle lo que es normal en Moncloa, vendría a confirmar aquello de que lo que no se replica se convalida. En ese sentido, las sesiones del Congreso y del Senado prueban hasta la saciedad que Pedro Sánchez, y sus ministros y ministras de variada condición, nunca han puesto ni la más dulce objeción a toda esa turba de socios que se complace en negar la Constitución y en proclamar que lo volverán a hacer, decididos como están a repetir la intentona de hace cinco años.

Entre tanto, el manoseo y desprestigio de las instituciones, la equiparación de las togas con los tricornios, la descalificación de los jueces como fascistas, y por ahí adelante, es, además, un estímulo adicional para que los indepes juzguen llegado el momento propicio. ¿Nos explicará alguien por qué el Gobierno elude dar ejemplo nombrando como vocales del Tribunal Constitucional a los más competentes y prefiere a los que calcula más adictos? Atentos.

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