La Policía Nacional ha desarticulado una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad mediante el empleo de números de tarificación adicional. Las víctimas llamaban a estos teléfonos con el objetivo de gestionar su baja en la lista de morosos de personas que ya habían cancelado sus deudas. En total, han detenido a 17 integrantes de la red en Madrid y han identificado a 140 víctimas en todo el territorio nacional. 

La investigación comenzó a finales de octubre de 2019. Fue en ese momento cuando los agentes identificaron una serie de entramados empresariales dedicados a publicitar servicios fraudulentos de gestión de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los consumidores en los distintos ficheros de solvencia patrimonial y crédito, conocidos como ficheros de morosidad. Los detenidos actuaban de intermediarios entre las personas que habían sido declaradas morosas y ANEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros), la entidad estatal oficial que ofrece estos servicios de manera gratuita. 

La organización criminal habría llevado a cabo una campaña publicitaria agresiva por la que pagaba cerca de un millón y medio de euros a un conocido buscador web para que ofreciera las páginas de la organización criminal como los primeros resultados de las búsquedas que se realizaban en internet. De esta manera, consiguieron posicionarse por encima de la página oficial de ASNEF.

Modus operandi

Las víctimas se ponían en contacto con el teléfono que ofrecía la organización criminal para gestionar la baja en los ficheros de morosidad. Posteriormente, eran derivadas a números de tarificación adicional para continuar con las gestiones. El sobrecoste en la factura suponía un 1,57 euros por minuto. Para obtener un mayor beneficio, los integrantes de esta red de estafa alargaban todo lo posible la llamada. El contacto finalizaba sin que se hubiesen realizado los servicios requeridos.

Esta organización contaba con un alto grado de especialización que le permitía operar en centros en Colombia y España. Además, los líderes de la red formaban a los integrantes de manera exhaustiva en esta materia, distribuyéndoles manuales de uso en los que se explicaba cómo alargar las llamadas telefónicas lo máximo posible.

Según la ley, la duración de las llamadas de tarificación adicional no puede superar los 30 minutos, con un coste asociado de 40 euros aproximadamente, cortándose la llamada automáticamente transcurrido ese tiempo. Sin embargo, se han identificado algunas víctimas que llegaron a realizar esta llamada hasta en cinco ocasiones, todas ellas de 30 minutos, por lo que el perjuicio ocasionado a cada una de ellas asciende hasta los 200 euros. 

Detenidos, registros y cierres de páginas web

La cúpula de la organización era una auténtica estructura piramidal delincuencial, que contaba con un entramado financiero-empresarial complejo. Esto dificultaba la trazabilidad del dinero que les llegaba desde las cuentas bancarias de las víctimas. Para blanquear estos beneficios, utilizaban paraísos fiscales a los cuales realizaban numerosas internacionales. 

Los agentes de la Policía Nacional han conseguido desarticular la organización criminal por completo. El resultado han sido 17 personas detenidas en Madrid, tres registros en la capital y Valdemoro, doce cuentas bloqueadas y el cierre de seis páginas web. Al haber conseguido frenar el servicio fraudulento que ofrecía la organización, el número de víctimas no ha seguido aumentando.