El Tribunal Constitucional (TC) convocará un Pleno "extraordinario y urgente" para decidir si acepta el recurso de amparo que acaba de presentar el PP y con el que pretende impedir la reforma judicial del Gobierno. Los populares piden suspender cautelarmente los acuerdos del Congreso por los que se impulsó esta reforma, con la que el Ejecutivo quiere obligar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que nombre de una vez a los dos magistrados del propio tribunal de garantías que le corresponden. Si el órgano da la razón a los populares, la reforma quedaría paralizada, justo cuando mañana está prevista la votación de la misma en la Cámara Baja.

Lo que recurren los populares es que ese cambio legal, que reforma dos leyes orgánicas -la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional-, se haya hecho a través de la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal y suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación. Por eso, el Grupo Popular ha presentado recurso de amparo contra los acuerdos del órgano del Congreso -concretamente la Comisión de Justicia- que tomó la decisión de admitir a trámite las enmiendas y de incorporarlas a la reforma. El PP pide además medidas cautelarísimas, es decir, que se suspenda de inmediato la decisión de la comisión para impedir que las enmiendas continuaran con su tramitación en la Cámara Baja.

Según informó después el tribunal de garantías, tras el registro del recurso del PP, el presidente Pedro González-Trevijano consultó con el vicepresidente Juan Antonio Xiol y decidió la convocatoria "extraordinaria y urgente" del Pleno del órgano -aún sin fecha- para decidir si se admite a trámite el recurso y sobre las medidas cautelarísimas. La ponencia de este asunto ha correspondido al magistrado Enrique Arnaldo, nombrado hace un año a propuesta del PP.

Los populares denuncian que, además de la inconstitucionalidad de su contenido, reformar leyes orgánicas que afectan al Poder Judicial vía enmiendas supone "hurtar el debate y los informes preceptivos acerca de las iniciativas". Por eso, advierten de que "no deberían" tramitarse. 

En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.

Además, dicha enmienda contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que garantizaría que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador).

En su recurso al TC, el PP también señala el acuerdo del presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, de este martes, por el que se decidió no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que planteó el partido frente al acuerdo del día anterior.

A juicio del PP, las enmiendas que han presentado PSOE y Unidas Podemos suponen un "atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución". Porque se elimina la mayoría de tres quintos en el CGPJ para nombrar los magistrados del TC, que es la misma mayoría que se exige "expresamente a las Cámaras para garantizar la independencia de los magistrados y asumida pacíficamente durante cuatro décadas", y se limita "el quórum para tomar el acuerdo y las capacidades de propuesta y de voto de los vocales del Consejo". 

La decisión del TC, en una semana clave

Así, a través de este recurso de amparo, el PP no solo pide que se anulen los acuerdos adoptados por la Comisión de Justicia, sino que también solicita "que se adopten las medidas necesarias para suspender la admisión a trámite de las enmiendas [61 y 62], independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa".

El TC deberá decidir en una semana clave para esta reforma que pretende sacar adelante el Gobierno para desbloquear por fin la renovación de este tribunal. Si el Constitucional diera la razón a los populares y admitiera este jueves la medida cautelarísima, esto podría implicar que las enmiendas no se aprueben en el Pleno del Congreso. En caso de que el tribunal decidiera más tarde en ese mismo sentido, las enmiendas no se votarían en el Pleno del Senado de la semana que viene, lo que a efectos prácticos implicaría que no podrían entrar en vigor.

En declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha afirmado que la tramitación empezó derogando el delito de sedición, luego "abarató la corrupción" con el cambio en el delito de malversación y ahora se quiere "introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el Tribunal Constitucional".