España es más de lo que se ve. Existe esa expresión que dice que lo que tenemos delante es solo la punta del iceberg. Es decir, el iceberg es inmenso; vemos su punta y sumergido se encuentra un inmenso porcentaje de su masa total. Algo así argumenta nuestro Gobierno: está la que vemos y -como cantaban Héroes del silencio- la Iberia sumergida.
España pretende añadir a su superficie 500.000 kilómetros cuadrados más que están bajo las aguas del Atlántico. Para ello debe "demostrar científica y técnicamente que el territorio sumergido es una prolongación natural del emergido". La frase es del capitán Luis Miguel Rioja, en declaraciones a EFE.
Hay que demostrar científica y técnicamente que el territorio sumergido es una prolongación natural del emergido"
Junto a Juan Luis Sánchez, ingeniero técnico de arsenales, y Eduardo Pol, cabo primero hidrógrafo, integran el equipo del Instituto Hidrográfico de la Marina (con sede en Cádiz), implicado en esta "batalla" por hacer España más grande (literalmente). En esa labor trabajan también técnicos del Instituto Español de la Oceanografía y del Instituto Geológico y Minero de España.
Las 200 millas náuticas y la Zona Económica Exclusiva
Todo empezó en los años 80. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar incluyó en su artículo 76 que los países ribereños tenían derecho a reclamar una ampliación de las 200 millas náuticas que históricamente les corresponden desde su línea de costa como Zona Económica Exclusiva (ZEE). La ZEE Española (ZEEE) tiene una extensión de 1,2 millones de km2, más del doble de la superficie terrestre de nuestro país.
En estas primeras 200 millas náuticas de la ZEE son de exploración, conservación y explotación de la plataforma continental (suelo y subsuelo marino), incluyendo los derechos de explotación de los recursos del agua, como la pesca. El artículo 77 precisaba que ese territorio podría extenderse hasta 150 millas náuticas más. En éstas ya no se incluyen los derechos de explotación de los recursos del agua.
En 1999 la ONU publicó las guías científico-técnicas que debían usar los estados para acreditar la superficie sumergida que reclamaban. Se concedió un plazo de diez años para presentar solicitudes, plazo que luego tuvo que prorrogar por la cantidad de reclamaciones.
La Zona Económica Exclusiva Española mide 1,2 millones de km2, más del doble de la superficie terrestre de nuestro país
El capitán Rioja ha resumido para los prófanos cómo son esas guías de la ONU, o sea, cómo se justifica la ampliación de la plataforma (del territorio). Hay dos fórmulas, pero su resultado no puede rebasar las 350 millas a la línea de costa o las cien millas siguientes a rebasar los 2.500 metros de profundidad.
"La primera se basa en la distancia y reconoce como territorio propio de ese país las sesenta millas siguientes a su pie de talud. Dicho pie es el punto que se encuentra en la parte baja del talud que está en contacto con la llanura abisal", le ha explicado al Diario de Cádiz. La otra fórmula es más técnica y se basa en aspectos geomorfológicos y geológicos. "Debe demostrar que el espesor de roca sedimentaria en ese punto sea mayor del uno por ciento de la distancia al pie de talud más cercano", resume el capitán.
Tres peticiones españolas desde 1999
Desde aquel 1999, España ha presentado tres expedientes para ampliar su plataforma continental, que sumarían casi 500.000 nuevos kilómetros cuadrados. De los tres, sólo uno se ha resuelto hasta ahora.
Es el denominado FISU, una zona al norte de Galicia de 79.000 km2. La petición se presentó junto a Francia, Reino Unido e Irlanda. La ONU dio el visto bueno y ahora los tres países deben repartirse ese territorio.
La ONU ha preaprobado 20.000 km2 de la petición de 50.000 en el noroeste de Galicia
En 2009, España presentó otra propuesta para que unos 45.000-50.000 kilómetros cuadrados en la zona al noroeste de Galicia "fueran España". Pero no fue hasta 2019 que Naciones Unidas citó al equipo español para presentarse ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental formada por 21 expertos internacionales -que tiene entre manos más de 90 peticiones, además de las españolas-.
La quinta visita de la comitiva española fue en octubre y ha resultado fructífera: la semana pasada la ONU preaprobó unos 20.000 km2 del total solicitado, incluido el monte de Finisterre. La próxima cita de Rioja, Sánchez y Pol será el próximo mes de febrero en la sede central de Nueva York y puede ser la definitiva. Ellos calculan que "dentro de uno o dos años lo podríamos tener aprobado".
Cómo se obtienen los datos
- Todas las unidades hidrográficas utilizadas por el Instituto Hidrográfico de la Marina en el tratamiento y obtención de los datos relativos a los fondos marinos cuentan con un sondador multihaz que consta de cientos de haces monohaz. Cada uno de ellos proporciona una medida de profundidad. De esta manera, a medida que avanza el barco, se consigue un ancho de barrido a ambos costados. El barco se desplaza siguiendo líneas paralelas ayudado por equipos de posicionamiento de alta precisión y cubriendo la totalidad del fondo marino. Luego toda la información recogida es procesada para corregir errores debidos a movimientos causados por el oleaje o el cabeceo del buque. Tras pasar sucesivos controles y filtros de calidad, se contrasta con mediciones anteriores antes de proceder a su edición definitiva.
La argumentacion técnica, geomorfológica y geológica se basa en datos de la Zona Económica Exclusiva realizada por el Ministerio de Defensa en los años 2001 y 2009 y, especialmente, en las campañas específicas de medición que se llevaron a cabo en 2005 y 2008 con el buque 'Hespérides'.
La ampliación que Marruecos aprobó en 2020 incluiría una parte de las aguas canarias que España solicitó en 2014 a la ONU
La tercera petición de España se formalizó en 2014. Está al sur, en las islas Canarias y es enorme en términos de superficie. Son unos 296.000 km2 de plataforma continental sumergida, la que se extiende al oeste de las islas.
La tercera petición de España choca con Marruecos
Pero aquí tropezamos con Marruecos. El país vecino publicó en marzo de 2020 las dos leyes que extienden su frontera marítima hacia España y el Sáhara incluyendo en su nueva delimitación aguas solicitadas por nuestro país ante la ONU.
En concreto, con las dos normativas, Marruecos establecía sus aguas territoriales en 12 millas, delimitaba su zona económica exclusiva en 200 millas, y decidía ampliar su plataforma continental hasta 350 millas. Más allá de la cuestión saharauí -que parece ya no importar a nadie- la ampliación incluiría una parte de esos 296.000 km2 que España solicitó en 2014.
El problema es que no hay tanta plataforma continental para cada país"
"El problema es que no hay tanta plataforma continental para cada país", por lo que son las autoridades internacionales quienes tienen la última palabra, previa negociación entre países, explicaba en aquel momento a 20 minutos el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Las Palmas, Nicolás Navarro.
La importancia de esta ampliación fronteriza es la riqueza que se esconde bajo el mar. En concreto, en la zona disputada entre España y Marruecos hay metales de gran valor para la industria tecnológica como telurio o cobalto, entre otros. Los estudios señalan que la zona del Monte Tropic es la mayor reserva natural de telurio conocida hasta la fecha y ahí, precisamente, la expansión marroquí se solaparía con la canaria.
Tropic está en aguas internacionales, a unas 250 millas náuticas de Canarias y fuera de la ZEE española. Según el Instituto Geológico y Minero de España, es una prolongación de las "abuelas de Canarias", una cadena de montes submarinos.
Entre los 21 expertos de la comisión de Naciones Unidas que decide hay un marroquí
El Gobierno le resta importancia, pero da la casualidad que entre los 21 expertos de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU hay un marroquí. Como decía el Ejecutivo este mes de octubre, en una respuesta parlamentaria, la comisión está compuesta "por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa".
Se trata de Miloud Loukili, un jurista marroquí férreo defensor de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y sus aguas, según informaba el periódico canario El Día. En teoría, como prefiere destacar el Gobierno español, "los miembros de la Comisión no participan en los casos que afectan a su país".
Mientras la ONU escucha y decide -en febrero podrían pronunciarse sobre la petición española al noroeste de Galicia pero no sobre la canaria-, los gobiernos español y marroquí han negociado. Que se sepa lo hicieron el pasado mes de mayo sin resultados que hayan trascendido.
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