Máxima tensión por la enmienda transaccional más polémica de la legislatura, la que propone rebajar a cuatro años de prisión la pena máxima por el desvío presupuestario irregular. Al margen de la cuestionable idoneidad por el fondo y la forma, la reforma arrastra el oprobio de estar diseñada ad hoc para los imputados del procés, un movimiento del que se desmarca Podemos y que Sánchez reconoce arriesgado pero que justifica en favor de la conciliación en Cataluña. La tormenta de la malversación está servida, pero al final las urnas dirán si el riesgo mereció la pena.