La actual presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, ha decretado el estado de emergencia en tres zonas del país ante la oleada de enfrentamientos y protestas contra el nuevo Gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo como consecuencia de un intento de golpe de Estado a su propio Gobierno. Dos jóvenes han fallecido este domingo durante los enfrentamientos en Andahuaylas, una ciudad situada en la región surandina de Apurímac. 

"Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha detallado Boluarte en un mensaje a la ciudadanía, lamentando la muerte de ambos jóvenes y expresando condolencias a sus familiares.

A qué zonas afecta y qué puede implicar

Concretamente, el Gobierno ha dictado el estado de emergencia en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica como herramienta para contener la conflictividad social en estas zonas del país, tras una decisión tomada en el Consejo de Ministros.

¿Qué implica esta declaración? La Constitución de la República de Perú recoge en su artículo 137 la normativa aplicada a los estados de excepción, de emergencia y de sitio. La ley recoge que la Presidencia de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte del mismo, el estado de emergencia. 

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Se declarará "en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación". Asimismo, durante el tiempo que esté decretado, "puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito". 

El estado de emergencia no puede exceder los 60 días y su prórroga "requiere un nuevo decreto". Durante el tiempo que dure, "las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República".