Aunque el delito de malversación sin enriquecimiento personal no vaya a ser finalmente despenalizado, tal como pretendía ERC, la imagen de Pedro Sánchez sale muy debilitada de todo este lío. No es que la propuesta de reducir la pena de prisión a un máximo 4 años y la de inhabilitación a 6 sea un disparate. El problema es que una y otra vez se reforma el Código Penal para beneficiar a unas personas concretas a cambio de un apoyo parlamentario, presente o futuro. El argumento de "desinflamar Cataluña", que era cierto cuando se concedieron los indultos, ya no sirve. El Gobierno afirma que la situación en esa comunidad autónoma no tiene ahora mismo nada que ver con 2017 ni con la vivida en los años posteriores bajo la presidencia de Quim Torra. Es cierto. Ahora bien, habría que discutir qué fue antes, si el huevo o la gallina. Que los líderes del procés fueran juzgados y condenados tuvo efectos positivos. La cárcel fue también pedagógica. En 2021, tras tres años en prisión, el indulto sirvió para pasar página y aliviar la tensión que seguía instalada en la sociedad catalana. Con esa medida de gracia ganó el interés general.

La lucha contra la corrupción es una señal contraproducente, que no se efectúa por convencimiento jurídico, sino por interés partidista

Sin embargo, la reforma sucesiva del Código Penal, primero para eliminar la sedición y ahora para modificar la malversación, atiende a otro interés, más espurio y partidista, y devalúa la calidad de nuestro Estado de derecho. Con esos cambios, en un nuevo juicio, los líderes independentistas acabarían castigados a una pena ridícula. Supone además una desautorización en toda regla de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo, que evitó condenarlos por rebelión y no impuso el cumplimiento íntegro de las penas, lo que facilitó que pudieran acceder rápidamente a beneficios penitenciarios. Eliminar la sedición y rebajar la malversación envía a la justicia europea el mensaje de que la condena fue injusta.

Pero lo peor de todo es que los sucesivos cambios penales no sirven para reforzar los delitos contra la Constitución. Y en cuanto a la malversación, rebajar el castigo cuando no hay lucro, pero se desvía dinero público para fines ilícitos es más que discutible. ¿Acaso no fue ese el motivo para la moción de censura contra Mariano Rajoy? En cualquier caso, en la lucha contra la corrupción es una señal contraproducente, que no se efectúa por convencimiento jurídico, sino por interés partidista. Sánchez se muestra seguro de que cuando lleguen las elecciones nada de eso le pasará factura. Si el cambalache con ERC se hubiera limitado a la supresión de la sedición, con el argumento de que es un delito desfasado, etc., su cántaro electoral tendría poco que temer. Pero con la reforma de la malversación ha entrado en un terreno pantanoso, de consecuencias imprevisibles.