La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tira por la calle de en medio para intentar atajar el incremento de la tensión verbal que se ha vivido en el hemiciclo en las últimas semanas y meses. Tras la tibia reacción de la Presidencia hace unos días, cuando Vox aseguró que el "único mérito" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es haber "estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", varios grupos elevaron una queja contra las maneras con las que Vox se desenvuelve en los debates. Y la reacción de Batet ha sido mostrarse inflexible con cualquier calificativo que considere ofensivo, sea una alusión personal o una calificación política, y prohibir tildar a Vox de "fascista".

Así lo explicitó este jueves el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis -socialista al igual que Batet-, quien, tras una intervención de Vox en la que un diputado acusó al PSOE de pactar con "comunistas, separatistas, secesionistas y filoetarras", afirmó que "cada vez que se produzca una ofensa a cualquiera de los grupos de esta Cámara, bien sea fascista o bien cualquier otro término, será retirado del diario de sesiones". Nadie este jueves había calificado de fascista a Vox, pero Gómez de Celis estaba así curándose en salud, porque una de las respuestas habituales del partido que lidera Santiago Abascal cuando se le afean sus insultos a otros grupos es que a ellos se les tacha de ultraderechistas.

El equipo de Batet explica que la presidenta del Congreso no ha establecido un criterio fijo para determinar qué términos son válidos y cuáles no en la Cámara Baja. Simplemente, aseguran, ha decidido aplicar el reglamento de forma "estricta" y afear cualquier mención que considere ofensiva. No obstante, por el momento esa nueva actitud no hace distingos entre lo que es una calificación meramente política (como "fascista", un término teórico como socialdemócrata, secesionista, comunista o conservador, aunque con una evidente carga negativa) y una expresión como "filoterrorista". Y tampoco se aplica igual en todos los momentos: este jueves, el diputado de Vox Javier Ortega Smith tildó de "etarras" a EH Bildu y no recibió ninguna reprimenda.

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Por el momento, además, esa aplicación supuestamente estricta no está conllevando más que castigos muy leves. La retirada de los términos del diario de sesiones, por ejemplo, no implica que las palabras vayan a desaparecer de los registros: únicamente que aparecerán en la transcripción acompañadas de una explicación en la cual se refleje que han sido retiradas por la Presidencia del Congreso, como una manera de dejar por escrito la decisión. Y la represalia más severa que se ha tomado desde el ataque machista contra Irene Montero de la semana pasada ha sido retirar la palabra a la parlamentaria de Vox Patricia Rueda después de llamar "filoterrorista" a EH Bildu y de negarse a retirarlo.

Una actuación muy contestada

No todos los miembros de la Mesa del Congreso, en la que están representados PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, están de acuerdo con la nueva forma de proceder de Batet. El partido de Abascal considera que quien es víctima de ataques verbales por parte de la izquierda es Vox, pese a sus constantes alusiones personales a ciertos ministros y a la utilización de calificativos como "enemigos de España" para varios partidos. Para Unidas Podemos, por su parte, la solución no es tratar de igual manera las calificaciones políticas como "fascista" o "ultraizquierda" -muy utilizado por Vox para referirse a los morados- que los ataques a la vida personal como los perpetrados contra Irene Montero.

Fuentes de Unidas Podemos señalan que en la próxima reunión de la Mesa del Congreso plantearán una queja para que se establezca una diferenciación clara entre lo que son apelativos de corte político, más o menos duros, y lo que son alusiones personales que atenten contra la dignidad de los diputados o los miembros del Gobierno. No obstante, la alta tensión en el Congreso no viene de ahora, sino que lleva siendo una constante desde el inicio de la legislatura, y en multitud de ocasiones tiene como protagonista a Vox, a quien el reglamento se ha aplicado de manera demasiado flexible, en opinión de algunos grupos parlamentarios.

Hasta el ataque personal de la diputada Carla Toscano a Irene Montero de la semana pasada, uno de los episodios más sonados en este sentido había tenido lugar cuando, en mitad de un debate, el diputado José María Sánchez, de Vox, llamó a gritos "bruja" a la parlamentaria socialista Laura Berja. Sánchez fue llamado al orden por tres veces por el vicepresidente Gómez de Celis, que determinó su expulsión del pleno del Congreso cuando se negó a retirar el insulto. Pero el diputado de Vox, tras unos minutos de indecisión, se negó a abandonar su escaño y Gómez de Celis, finalmente, admitió que se quedara en lugar de obligarle a cumplir con el reglamento.

Por ello, algunos de los grupos críticos con Batet sostienen que tampoco es necesario dotar de más herramientas a la Presidencia del Congreso para que frene estos comportamientos, sino que lo que hace falta es que se aplique el reglamento con mayor decisión. El artículo 101, por ejemplo, faculta a Batet a suspender temporalmente la condición de diputado al parlamentario que, "tras haber sido expulsado del salón de sesiones, se negare a abandonarlo", como ocurrió con José María Sánchez. 

Pero, sin llegar a ese extremo, la presidenta tiene la capacidad de llamar al orden a los diputados que "profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad". A la tercera llamada al orden, Batet tiene la potestad reglamentaria de expulsar de la sesión al parlamentario infractor.