El acuerdo firmado a principios de noviembre entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, CSIF, CCOO y UGT para revisar los procesos de promoción interna de los funcionarios ha provocado un gran malestar entre los cuerpos superiores de la Administración, que se oponen rotundamente a lo que consideran que supondrá "una drástica merma" en la cualificación de los candidatos. 

"Son nuestras propias funciones las que están en entredicho con este cambio en los sistemas de acceso", ha expresado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Antonio Carrascosa. 

El objetivo de la reforma es simplificar el modo de ascenso de un grupo funcionarial a otro superior a fin de garantizar la retención del talento dentro de la Administración y reducir las vacantes en los procesos de promoción interna. De este modo, el acuerdo firmado entre Gobierno y sindicatos reduce los exámenes de oposición a una única prueba tipo test, con menos temario, que se complementa posteriormente con una fase de concurso en la que se valora la experiencia de los funcionarios que pretendan promocionar. Para acceder a los cuerpos del subgrupo A1, el más elevado de la Administración, habrá adicionalmente un curso selectivo que será eliminatorio.

Los cuerpos superiores de la Administración se oponen radicalmente a estos cambios. "Dicho acuerdo no respeta los principios básicos constitucionales para el acceso a la función pública, como son la igualdad, el mérito y la capacidad", expresa un comunicado emitido este miércoles por Fedeca, una federación que congrega a 43 asociaciones profesionales y sindicatos y representa precisamente a 15.000 funcionarios del subgrupo A1. 

"Estos tres requisitos establecidos en la Constitución española son la base para conseguir una Administración eficaz y eficiente, que funcione con parámetros de calidad", ha defendido Carrascosa. Por ello, el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez, ha anunciado que su organización va a recurrir judicialmente el acuerdo, por oponerse a los principios constitucionales, una decisión que Fedeca está valorando imitar. "Si no se recurre, parece que damos nuestro consentimiento tácito", ha defendido Pérez, quien ha informado también de que su colectivo ha convocado una concentración frente al Ministerio de Hacienda para el próximo 14 de diciembre y ha iniciado una recogida de firmas.

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Los cuerpos superiores consideran que la reforma pone en riesgo la independencia y la cualificación de los altos funcionarios. "Este modelo supondrá una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos", advierte el comunicado. "De producirse dicha reforma, su efecto inmediato sería un quebranto de la seguridad jurídica y la objetividad que impera en el acceso a los mencionados cuerpos administrativos", añade. En ese sentido, Pérez ha señalado que "se introducen elementos subjetivos que pueden abrir la puerta al amiguismo".

"Quieren tirar por tierra todo el trabajo que hemos realizado", ha valorado el presidente de la Asociación de Técnicos de Gestión del Estado, Juan Manuel Caballero, que ha calificado la reforma como una "locura sin sentido". Este cuerpo es, de momento, el primer afectado por los cambios. Según el acuerdo, el temario de las oposiciones de promoción interna pasa de 83 a 16 temas y los exámenes se concentran en una única prueba tipo test sin penalización en las respuestas erróneas. Se eliminan, por tanto, la exposición oral de temas, la realización de un supuesto práctico y el examen de idiomas. "Nada aporta rebajar los criterios y eliminar pruebas", ha lamentado Pérez.

Falta de diálogo

También la presidenta de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, Tamara Pardo, ha recalcado que "el nivel de exigencia y esfuerzo debe mantenerse". "La promoción interna lleva años funcionando de forma satisfactoria y ahora los dirigentes pretenden cambiarla sin buscar el consenso", ha añadido. Y es que desde Fedeca critican que el acuerdo alcanzado el pasado 3 de noviembre fuera negociado y firmado sin contar con ellos, sino únicamente con CSIF, CCOO y UGT, "organizaciones sindicales con muy escasa representatividad en el mencionado colectivo de funcionarios". "La firma se ha producido sin diálogo ni participación de los cuerpos superiores", reprochan.

Los cuerpos superiores temen que esta primera reforma pueda dar lugar a largo plazo a modificaciones en la inamovilidad de los funcionarios. "Cuando se rebajan tanto los requisitos de acceso, se terminarán cuestionando los requisitos de inamovilidad del funcionariado y veremos probablemente un debate, terminaremos con algo parecido a las cesantías del siglo XIX", ha vaticinado Pérez.

Si bien reconocen la necesidad de abordar la falta de reposición y la retención de talento, piden un "análisis técnico y objetivo". "Estamos abiertos totalmente al diálogo", ha subrayado Carrascosa. El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, por ejemplo, ha expresado que sería mejor conceder ayudas a la promoción interna, como facilitar temarios de forma gratuita, organizar cursos de ayuda para preparar las oposiciones en horario de trabajo u organizar permiso retribuidos, como los de tres meses que ya se conceden en la Agencia Tributaria.