Justo un año después de que la Junta diera luz verde en el Parlamento a una de las leyes más importantes de la anterior legislatura, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), el Consejo de Gobierno aprobó este martes el reglamento que permitirá su desarrollo, y que contempla el impulso de la colaboración público-privada, el fortalecimiento de la labor inspectora por parte de la Administración autonómica y el aprovechamiento del suelo rústico para el "desarrollo de los municipios".
Precisamente sobre este último aspecto, el de la posibilidad de construir en suelo rústico, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, defendió que la Junta siempre ha entendido que este asunto se debía abordar "desde una visión positiva", asumiendo que el urbanismo es también una fórmula para "asentar población" y atraer a todos aquellos que "quieren venir a Andalucía a teletrabajar en el campo", toda vez que hasta ahora solo se permitía la construcción vinculada a la actividad agrícola. Y, en todo caso, incidió en que el reglamento aprobado "acota las circunstancias" en las que se puede construir en este tipo de suelo, evitando siempre las urbanizaciones y los suelos protegidos y autorizando solo las viviendas aisladas.
La consejera recordó que la anterior ley, "a pesar de ser muy restrictiva respecto al suelo rústico, consiguió todo lo contrario, proliferar las viviendas irregulares y las urbanizaciones en el campo", que actualmente se cifran en unas 300.000. El documento que este martes ha visto la luz dota a la Junta de la potestad para "actuar de forma directa ante las infracciones territoriales" con un "procedimiento más ágil", de forma que el Ejecutivo regional podrá paralizar las obras de viviendas y parcelaciones irregulares en el mismo momento en el que se detecten.
El departamento liderado por Carazo cuenta con 26 inspectores urbanísticos, que en lo que llevamos de año han iniciado expedientes que afectan a 343 edificaciones y 644 parcelaciones ilegales, con 125 expedientes de restablecimiento de la legalidad en suelo rústico, por los 70 de 2020; los 48 de 2021; los 31 de 2019; y los 22 de 2018. La Junta está preparando además para el próximo año la convocatoria de cinco nuevas plazas de inspector, y trabaja en la nueva figura de subinspector creada en el reglamento.
El desarrollo de la Lista contempla también la creación de las entidades urbanísticas certificadoras, un instrumento de colaboración público-privada para dar soporte a los ayuntamientos, "los verdaderos protagonistas", en la tramitación de licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas "con mayor agilidad". Igualmente, se establecen fórmulas "más sencillas" para la elaboración de los planes generales de ordenación del territorio para que estos estén en un máximo de tres años, "frente a los diez años de media de la anterior legislación".
En paralelo a la aprobación del reglamento de la nueva Ley del Suelo, la Junta ha aprobado un Decreto ley para dar cumplimiento al acuerdo que alcanzó con el Gobierno central en aras de evitar que recurriera la Lista ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, y que supone la adaptación de 42 artículos.
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