El Ministerio de Justicia mantiene por ahora una postura de prudencia respecto al fallo del Tribunal Supremo sobre el 'caso Arandina', en el que ha sido su primer posicionamiento sobre la ley del 'solo sí es sí'. Desde el Ejecutivo piden tiempo para analizar la sentencia, pero insisten en recordar que la ley se concibió especialmente para fortalecer la protección y reparación de las víctimas de delitos sexuales, más que para únicamente endurecer las penas. 

"Analizaremos muy detenidamente el contenido de la sentencia", ha asegurado este martes la ministra Pilar Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras conocerse la sentencia del alto tribunal, que pese a elevar las penas a nueve años, indica que la condena habría sido de un año más antes de la entrada en vigor de la ley de libertad sexual.

Tras subrayar el "respeto" del Ejecutivo a las resoluciones judiciales, Llop no ha entrado a valorar en concreto la condena impuesta a los dos exjugadores del Arandina por agresión sexual, aunque sí que ha aprovechado su intervención para recordar que el fin último de la norma es "proteger a las víctimas".

Así, la titular de Justicia ha asegurado que a ley del 'solo sí es sí' va a cambiar "todo un modelo de política criminal" sobre los delitos contra la libertad sexual, al pivotar estos ahora sobre el consentimiento, lo que "obliga a reorientar las penas". Con todo, ha defendido en varias ocasiones que, a la espera de leer la sentencia, el proyecto impulsado por el Ministerio de Igualdad "va más allá de los aspectos punitivos". 

El Supremo eleva a 9 años la condena a los acusados del 'caso Arandina', que sería de un año más sin la ley del 'solo sí es sí'

Tras enumerar algunas de las medidas que contempla la norma, como las indemnizaciones a las víctimas, el acceso a la atención psicológica, o la creación de un fondo de reparación, Llop ha aseverado, una vez más, que se trata de un texto "protector de los derechos de las víctimas". Además, pese a que defiende que la ley no es meramente punitivista, ha destacado que ahora hay penas "importantes" que antes no se contemplaban y ahora sí, como la inhabilitación de la patria potestad a los agresores sexuales o la agregación de tipos agravados nuevos. 

Preguntada sobre posibles medidas o reformas de la ley, la ministra de Justicia ha aseverado que sería "imprudente" aventurar cualquier tipo de actuación por parte del Gobierno sin haber analizado lo que dice el Tribunal Supremo. 

Irene Montero defiende la ley 

Quien sí ha querido entrar a valorar la decisión del Supremo ha sido su homóloga en Igualdad, Irene Montero, al defender que la ley es "sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a las víctimas, también a las que no denuncian, frente a las violencias". 

Su departamento está también "pendiente" de leerse el fallo completo, pero Montero incide en "aplicar toda la ley", tal y como incidió también la Fiscalía General del Estado hace unos días.