La ley de trata castigará con cárcel a 'puteros' y al que se lucre con la prostitución y promoverá la reinserción laboral de las víctimas

La futura ley contra la trata castigará con penas de hasta cuatro años a los 'puteros' y también a todo aquel que se lucre de la prostitución o destine algún inmueble a la explotación ajena. Es lo que establece el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y en el que, más allá de endurecer la persecución de todas las formas de trata de seres humanos (explotación sexual, matrimonio forzado, explotación laboral o tráfico de órganos), nace con el afán de garantizar y fortalecer la protección e inserción sociolaboral de las víctimas a través de un amplio paquete de medidas sociales.

La norma -impulsada por el Ministerio de Justicia y copropuesta junto a los de Igualdad, Interior e Inclusión- supera su primer trámite más de un año después de que el Ejecutivo anunciara el inicio de los trabajos y tras posponer su primera vuelta hasta en dos ocasiones. Es, según ha destacado la titular de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una ley fruto del "consenso interdepartamental" que además acaba con la "dispersión normativa" existente en España. 

Los socios de Gobierno lograron alcanzar este lunes un acuerdo a última hora sobre uno de los flecos que faltaban por pulir. El ala morada consideraba "imprescindible" que el texto incluyera la posibilidad de que las víctimas de trata sin papeles puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo, así como a toda la atención social, sin necesidad de que colaboren con la policía o interpongan una denuncia. La medida despertó reticencias entre los departamentos dirigidos por el PSOE, pero finalmente han conseguido que se incluya en el documento al que ha tenido acceso 20minutos. 

Y es que uno de los ejes vertebradores de la ley, tal y como ha resaltado Llop, es la creación de un Mecanismo Nacional de Derivación encargado de la "inmediata" detección y derivación de las víctimas a los servicios especializados de asistencia y protección. Mediante este sistema, el Gobierno pretende facilitar el acceso de las víctimas a todos sus derechos, ayudas y servicios asistenciales, una vez hayan sido acreditadas como tal. 

En definitiva, el texto aborda todas las formas de explotación vinculadas a la trata: esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos, mendicidad, realización de actividades delictivas, prestación de servicios sexuales o reproductivos, extracción de órganos o tejidos corporales y matrimonios forzados.

Trabajos forzosos, servidumbre y esclavitud

La ley establece una reforma del Código Penal inspirada en países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, y en la que regula los delitos de trata concretando la finalidad de la explotación en los trabajos o servicios forzosos, la servidumbre y la esclavitud. En este sentido, el anteproyecto impone penas de prisión de uno a cuatro años a quien "haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima" de esas conductas. 

Se incluyen aquí, por tanto, a los 'puteros' (en cuanto a que participan en la explotación sexual de la víctima), quienes quedarán exentos del castigo siempre y cuando el suceso haya sido ocasional y hayan denunciado la situación. 

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La misma pena de uno a cuatro años de prisión se le impondrá también a quien "promueva, favorezca o facilite" la explotación ajena, alquilando o poniendo a disposición "locales de negocio, establecimientos comerciales o lugares de alojamiento de las víctimas". Para evitar que esto acabe perjudicando a las propias víctimas (las que ejercen la prostitución en su domicilio, por ejemplo), la ley precisa que estas quedarán exentas de la pena. 

Más duros son los castigos para los responsables directos de la explotación ajena. En este sentido, el texto contempla penas de prisión de cinco a ocho años para quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad y vulnerabilidad de la víctima, la obligue a realizar cualquier trabajo o servicio, "incluyendo prestaciones o actividades de naturaleza sexual, la mendicidad y la realización de actividades delictivas". 

De ocho a doce años por delitos de esclavitud

En este sentido, se elevan también los castigos para aquellos tratantes (los proxenetas, por ejemplo) que mantengan a la víctima en un estado de "dependencia" y "sometimiento", restringiéndole su libertad de movimientos. Para estos supuestos, se le castigará como autor del delito de servidumbre con la pena de prisión de seis a nueve años. 

Además, se penará con prisión de ocho a doce años por un delito de esclavitud a quien "someta" o "mantenga" a una persona en una situación "de absoluta disponibilidad sobre ella y sus esferas de libertad personal". 

"Enfoque victimocéntrico"

Más allá de la respuesta penal, el anteproyecto se caracteriza por su "enfoque victimocéntrico", tal y como ha subrayado Pilar Llop. Por ello, otorga una relevancia especial a todo el proceso de asistencia y protección a las víctimas. Primero, con la creación del Mecanismo Nacional de Derivación, que servirá como puerta de entrada para detectar y acreditar a las víctimas y asegurar su salida efectiva de la situación de explotación, mediante la colaboración de la Policía, las Unidades de Violencia sobre la mujer y las ONG especializadas. Esto tiene especial incidencia para las víctimas en situación administrativa irregular, ya que garantiza el derecho a no ser expulsadas.

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El derecho que tendrán las víctimas "desde el momento de la detección" a recibir información y asesoramiento y a ser derivada a los servicios de protección y asistencia no estarán, además, vinculados a la colaboración con la policía o a la interposición de una denuncia. Se reconocen en ese sentido una serie de derechos laborales y económicos, como la posibilidad de acceder al ingreso mínimo vital, a la vivienda o a la compensación económica en forma de indemnización.

A este respecto, la ministra de Justicia ha querido destacar otro de los "pilares" de la norma, que es la creación de una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, encargada de supervisar todas las políticas públicas en materia de trata y coordinar las funciones del mecanismo de derivación.

Sensibilización de la sociedad

La ley va más allá y contempla la prevención y sensibilización de la sociedad como vía para erradicar estas prácticas. Incide especialmente en el papel de la demanda y en la "importancia de desarticular el modelo de negocio y romper la cadena de la trata". En esta línea, se impulsarán campañas de desincentivación de la demanda (de la prostitución, por ejemplo), tal y como ya viene avanzando el Gobierno en los últimos meses. Se prevén también medidas orientadas a mejorar las oportunidades educativas y de empleo y a fomentar la formación cualificada, cuya ausencia constituye "uno de los factores de riesgo de la explotación". 

Otra de las novedades es el impulso de una "amplísima" batería de medidas de sensibilización y prevención en el sector privado y empresarial. Se hace, sobre todo, para hacer frente a la explotación que se da en el mercado laboral, con especial incidencia en los menos regularizados y más precarizados, como el servicio doméstico, la hostelería, agricultura, pesca, sector textil o construcción.