El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de la supresión del delito de sedición, que ya se tramita en el Congreso. En el texto que ya han registrado en la Cámara Baja, piden mantener el delito que el Gobierno quiere suprimir, para que siga castigándose con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de entre diez y quince años si fueran personas constituidas en autoridad y se inhabilite al dirigente. También quieren recuperar el delito por convocar un referéndum ilegal, que eliminó Zapatero en 2005.

En la exposición de motivos, el principal grupo de la oposición se apoya en los argumentos que esgrimió el propio Tribunal Supremo en su informe contra el indulto a los condenados a los lideres independentistas del procés, según los cuales distintos países europeos tienen figuras delictivas semejantes a la española. Con ello pretenden desmentir el leivmotiv del Gobierno de Pedro Sánchez para la citada reforma.

Por ejemplo, en Alemania se castiga con pena de prisión perpetua o de prisión de al menos 10 años al que con fuerza o amenaza de fuerza emprenda acción para "socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania o para cambiar el orden constitucional". En Francia son penas de especial gravedad, que pueden llegar a cadena perpetua, para quienes "ataquen la independencia de la nación, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones". En Italia se sanciona "con una pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del Estado". Y en Bélgica se castiga con pena de 20 a 30 años imponiendo la misma pena al delito consumado y al intentado".

Además, los populares recuperan en su escrito la tipificación de la convocatoria de referéndum ilegal como delito, como ha prometido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si llega a la Moncloa. De este modo, la oposición pide recuperar el delito que eliminó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Los populares advierten de que previo al procés, los independentistas catalanes convocaron dos referéndums ilegales "sin que pudieran recibir reproche penal alguno", al haber sido despenalizado años antes.

"Se hace necesario recuperar ese delito con la introducción nuevamente en el Código Penal de los artículo 506 bis y 521 bis por los que se condena a penas de prisión a la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convoque o autorice la celebración de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en  cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución", sostiene el texto que firma la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

También objetan que no se debe legislar a la carta y que la sedición tiene efecto disuasorio. "Cualquier modificación de la actual redacción del artículo 544 y siguientes, del Código Penal sería contraproducente al causar el efecto contrario a los fines que las normas penales persiguen. Aceptar dicha modificación sería tanto como aceptar ciertos argumentos que justifican tal modificación en la existencia de un poder represor del Estado, lo que sería tanto como admitir que el Reino de España no es un Estado Social y Democrático de Derecho, afirmación que no puede ser aceptada en ningún caso y bajo ningún concepto", argumenta el PP.

En la línea que llevan defendiendo en las últimas semanas, el Grupo Popular sostiene que rebajar la actual redacción del tipo delictivo es "legislar a la carta para ajustar dicha redacción a los intereses particulares de quienes además han sido las personas que fueron condenadas por el Tribunal Supremo por la comisión de las acciones de las que ahora se pretende queden exonerados, lo cual sería absolutamente contrario al principio de igualdad de ante la Ley que rige en el Estado de derecho que es España". Y eso llevaría también a "romper con el principio de separación de Poderes", dado que el TS ya condenó el procés.

Permanente revisable a quien oculte el cadáver

Los populares también sugieren endurecer el Código Penal en caso de asesinato. Así, piden modificar el artículo 140 para introducir entre las circunstancias por las que el asesinato será castigado con prisión permanente revisable "cuando el reo hubiere hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no diere razón de su paradero", así como "cuando el autor hubiere sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato".