Siete años después de que las fuerzas del Botànic lo pusieran sobre la mesa, el Parlamento valenciano aprobó el pasado jueves la tasa turística, un impuesto que tendrán que abonar los turistas que se hospeden en alguno de los municipios que voluntariamente decida aplicarla. De este modo, pese al rechazo de la oposición y del propio sector, la Comunidad Valenciana se suma a Cataluña y Baleares, las dos autonomías que cuentan desde hace años con este tipo de gravamen, muy común en otros países europeos.

La lógica de la tasa turística consiste en que, a través del pago de este impuesto, sean los propios turistas quienes contribuyan a impulsar medidas de preservación, desarrollo y promoción de las infraestructuras y actividades turísticas. En ese sentido, uno de los pocos defensores locales del nuevo tributo valenciano, el alcalde de la capital, Joan Ribó, ha asegurado en varias ocasiones que la tasa turística es "imprescindible" para costear el aumento de los servicios que supone el turismo masivo, un gasto que ve "razonable" que abonen los turistas y no los residentes.

La cuantía de la tasa turística aprobada por el Parlamento valenciano, que cuenta con una moratoria de un año, oscila entre los 50 céntimos y los 2 euros por estancia y día, en función del tipo de establecimiento. La tarifa más baja se aplica a pensiones y campings. A partir de ahí, la tasa aumenta gradualmente según el número de estrellas para los hoteles y casas rurales, si bien también se contemplan viviendas turísticas e incluso embarcaciones de crucero y yates turísticos.

En Cataluña, que fue la comunidad pionera al imponer este tipo de tributo en 2012, las tarifas son algo superiores, variando entre los 60 céntimos y los 3,50 euros por persona y día. Además, en Barcelona el Ayuntamiento aplica un recargo de 1,75 euros, por lo que las tarifas ascienden hasta los 5,25 euros en hoteles de cinco estrellas y campings de lujo. El consistorio prevé aumentar el recargo a 2,75 euros a partir del 1 de abril de 2023 y a 3,25 euros a partir del mismo mes de 2024. La Generalitat limita el pago del impuesto a un máximo de siete días por persona en el mismo alojamiento y solo lo aplica a los mayores de 17 años.

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Por su parte, Baleares también cuenta desde 2016 con un tributo para turistas, el conocido como 'ecotasa', orientado a minimizar el impacto medioambiental del turismo medioambiental. De este modo, los mayores de 16 que se hospeden en alojamientos reglados han de abonar un impuesto de entre 1 y 4 euros, en función del tipo de establecimiento, con bonificaciones para temporada baja (del 1 de noviembre al 30 de abril) y estancias superiores a los ocho días. 

Una recaudación millonaria

Así, por ejemplo, una pareja que se aloje durante una semana en un hotel de tres estrellas paga actualmente 28 euros de 'ecotasa' en Palma de Mallorca o Ibiza, 38,5 euros en Barcelona, 8,4 en Tarragona y, de aplicarse, pagaría 14 euros en Valencia. Las diferencias son notables, aunque guardan cierta relación con el comportamiento del gasto. Según el INE, en 2019 los turistas nacionales gastaron de media 68,81 euros por persona y día en Baleares, frente a los 54,08 y los 42,33 desembolsados en Cataluña y la Comunidad Valenciana, respectivamente. Las cifras de los turistas internacionales son más elevadas, llegan a los 168 euros por persona y día en Baleares, a los 176 en Cataluña y a los 104 en la Comunidad Valenciana.

Estas diferencias explican también la disparidad en la recaudación. Según datos del Ministerio de Hacienda, entre 2013 y 2019, Cataluña ingresó 346 millones de euros gracias a la tasa turística, mientras que Baleares ha recaudado casi la misma cuantía, 341,8 millones, en menos tiempo, desde 2016. Solo en el año anterior a la pandemia, los turistas aportaron en este concepto 131,6 millones de euros a las arcas públicas del archipiélago balear, el doble de los 65,6 millones recaudados por Cataluña. La diferencia no solo se debe a que las tarifas catalanas sean más bajas, exceptuando el recargo de la Ciudad Condal. El modelo turístico también difiere. En el mes de agosto, por ejemplo, el 34% de las pernoctaciones de Cataluña se realizaron en campings, un tipo de alojamiento que representó menos del 1% de las pernoctaciones en el archipiélago.

En cualquier caso, todo parece señalar que la recaudación en la Comunidad Valenciana distará de estas cifras, ya que la tasa aprobada este jueves es voluntaria. Es decir, cada municipio decidirá si aplicarla o no y por el momento Valencia es la única gran ciudad que tiene intención de hacerlo. De hecho, incluso los socialistas han avisado que sus alcaldes no la aplicarán, pese a haber apoyado la ley en Les Corts, junto a Compromís y Podem. De este modo, los regidores socialistas de Gandía o Elche, así como sus homólogos populares de Benidorm, Torrevieja, Elche, Alicante o Peñíscola, grandes núcleos turísticos, han mostrado su rechazo.

La oposición alega que la tasa también afecta a los valencianos que se hospeden en alojamientos turísticos y que el sector podría resentirse por el gravamen, en un momento de elevada inflación y recuperándose todavía de la pandemia. Esta negativa, a la que también se suma el sector argumentando que podrían incentivar la aparición de alojamientos no reglados que se escabullan del impuesto, provoca que la tasa corra peligro, puesto que los populares ya se han comprometido a derogarla en caso de que ganen las próximas elecciones. 

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Paradójicamente, a la inversa de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, hay otras ciudades que sí se han mostrado partidarias de un impuesto de estas características, pese a la negativa autonómica. Es el caso de Sevilla, Granada y, en menor medida, Málaga, cuyo alcalde defiende llegar a un acuerdo con el sector antes de diseñar una hipotética tasa turística. Sin embargo, el consejero de Turismo andaluz, Arturo Bernal, lo rechazó en septiembre tildándolo de "invento". "Ahora no toca", sentenció. Similar es la situación en el País Vasco, donde los intereses de San Sebastián choca con los de la comunidad.

La tasa turística en Europa

Aunque en España la implantación de la tasa turística es por el momento muy tímida, esta medida está muy extendida en los países de nuestro entorno. Según datos de la Comisión Europea, 19 de los 27 Estados miembros aplican tasas turísticas, ya sea a través de tarifas por persona y noche o como un porcentaje del precio de la habitación, como en Berlín o Ámsterdam (5%). Los países que se resisten a su aplicación son, sobre todo, los nórdicos y los del Báltico. 

De acuerdo con los datos de la Comisión, la tarifa más elevada de Europa es la que existe en Bélgica para los hoteles de lujo, que asciende a 7,50 euros por noche y persona. En cambio, la más baja es el mínimo de 10 céntimos contemplado en Bulgaria. Si bien tanto en Bulgaria como en el resto de países del este de Europa las tarifas son mucho más reducidas que en Europa occidental, los precios de los establecimientos turísticos son también menores, por lo que en términos porcentuales la Comisión Europea asegura que apenas existen diferencias. 

El rango medio de las tasas turísticas en Europa oscila entre los 40 céntimos y los 2,50 euros, en la línea de lo aprobado por la Comunidad Valenciana y por debajo de las cuantías de Cataluña y Baleares. Dentro de ese margen, Lisboa y Oporto cuentan con tarifas de 1 y 2 euros, respectivamente, mientras que en Francia e Italia los límites superiores ascienden hasta los 3 euros.