Los impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y la banca están a un solo paso de ser una realidad. Este viernes de madrugada, el Congreso aprobó la puesta en marcha de estas tasas a partir del 1 de enero de 2023, por lo que la iniciativa pasará ahora al Senado para su entrada en vigor definitiva. Y lo hará con una amplia mayoría sustentada en los votos tanto del Gobierno como de la mayor parte de sus habituales aliados (ERC, EH Bildu, Más País o Compromís), mientras PP, Vox y Cs se han posicionado en contra. 

El único borrón en la cuenta del Ejecutivo fue la abstención del PNV, también su habitual socio pero que es muy próximo a algunas grandes empresas energéticas: de hecho, su exlíder Josu Jon Imaz es consejero delegado de Repsol. La parlamentaria nacionalista Idoia Sagastizabal aseguró que las "deficiencias técnicas" de los gravámenes impedían al PNV apoyar una norma de la que comparte el fondo. Sagastizabal, de hecho, aseguró que las empresas con beneficios extraordinarios deben "el hombro" y repartirse los esfuerzos derivados de la crisis para que "no recaigan exclusivamente sobre la ciudadanía, mucho menos sobre los colectivos más vulnerables", si bien finalmente el PNV se abstuvo.

Precisamente en esta línea, la de la necesidad de que las grandes empresas y fortunas hagan una contribución extraordinaria, caminaron los discursos tanto del PSOE como de Unidas Podemos, promotores de los nuevos impuestos. El diputado socialista Pedro Casares recordó que este año se cumplen diez años del rescate bancario que nunca se devolvió en su totalidad, y aseguró que ahora es el momento para que el sector financiero "contribuya al conjunto de la sociedad". Por parte de Unidas Podemos, el parlamentario Txema Guijarro incidió en que los tributos tienen como objetivo, entre otras cosas, que "los que se benefician de una situación calamitosa ayuden y paguen".

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Satisfechos se mostraron también ERC y EH Bildu, que apenas unos minutos antes de sus intervenciones habían permitido al Gobierno sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y que apoyaron sin fisuras el aumento de la carga fiscal "a empresas y bancos que han visto crecer sus ganancias hasta límites vergonzosos" y han recaudado "miles de millones de beneficio a costa de la gente que más sufre", en palabras del diputado catalán Joan Margall. ERC aseguró que su deseo hubiera sido "llegar mucho más lejos", pero también afirmó que estas nuevas tasas son "un paso muy importante para una nueva forma de entender la fiscalidad".

"Hay que actuar sobre aquellos que disponen de más riqueza, porque es a ellos a quienes podemos pedirles una parte de su riqueza para redistribuirla y conseguir que la libertad sea real para todos", planteó por su parte Oskar Matute, diputado de EH Bildu, que puso el foco en los "sectores han multiplicado sus beneficios" y, especialmente, en "un sector bancario que no ha tenido empacho en seguir despidiendo gente, en cobrar comisiones deshonestas o en cerrar sucursales". "Y tampoco se les está pidiendo algo tan doloroso para sus márgenes de beneficio", espetó.

PP y Vox alertan de la posible fuga de capital

Por el contrario, los grupos que votaron en contra de los gravámenes a las energéticas, la banca y las grandes fortunas también coincidieron con el PNV, pero en sus críticas a la solvencia técnica de estos impuestos que ha diseñado el Gobierno. El PP, que no había querido desvelar el sentido de su voto hasta su intervención ante el pleno del Congreso, despejó las dudas cuando su diputado Gabriel Elorriaga tachó de "espantosa" la proposición de ley nada más comenzar su discurso y cargó contra un Ejecutivo que, dijo, "sigue una y otra vez con el discurso de los ricos y los pobres".

"Estos impuestos atacan al ahorro y a la inversión, disuaden a cualquiera de invertir en España" y "crean un problema reputacional de primer orden", espetó Elorriaga para definir los gravámenes. Para el PP, las tasas "atentan contra la seguridad jurídica de la inversión" y, además, en el caso del impuesto a las grandes fortunas, "atacan la autonomía financiera de las comunidades autónomas", que hasta ahora podían bonificar al 100% -y eliminar, en la práctica- el impuesto de patrimonio para sus ciudadanos más acaudalados.

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De igual manera, Elorriaga cargó contra lo que el PP considera que es una indefinición manifiesta en el diseño de los impuestos. "No sabemos qué ingresos van a aportar estos impuestos, no hay documento que lo avale, y no sabemos si los sectores que van a ser gravados son aquellos que han obtenido beneficios extraordinarios: no hay documento que lo avale", aseguró el parlamentario, que cargó directamente contra el PSOE acusándolo de ser "un partido de oportunistas que solo persigue mantenerse en el poder".

Vox, por su parte, compartió el argumento del PP de que los nuevos impuestos penalizarán "la inversión en España" porque "no tienen en cuenta el momento del ciclo económico". El diputado Rubén Manso, además, pronosticó que la prohibición de trasladar el coste de la medida a los consumidores podría traducirse en el despido de trabajadores por parte de la banca para cuadrar sus balances, y vaticinó que los tribunales se pronunciarán contra los gravámenes si son recurridos. Además, Manso espetó a la bancada de la izquierda que "distribuyendo la pobreza no se vive mejor, lo que se pasa es menos envidia, eso es así".