El Parlamento valenciano dará luz verde este jueves de forma definitiva a la tasa turística siete años después de que los grupos del Botànic propusieran por primera vez la aplicación de este impuesto, que finalmente irá de 50 céntimos a 2 euros por estancia y día, será voluntario, de aplicación municipal y contará con una moratoria de un año, por lo que no entrará en vigor hasta la próxima legislatura. Eso si no hay cambio de gobierno, ya que el PP y toda la oposición se oponen a la medida y ya han anunciado su derogación si alcanzan el Consell. 

Pero, además de la oposición, está en contra el propio sector e incluso el secretario autonómico de Turisme, el socialista Francesc Colomer, que llegó a amagar con su dimisión si finalmente se aprobaba. El alcalde de València, Joan Ribó, afirmó que la ciudad la aplicará en cuanto entre en vigor.

Este miércoles se ha celebrado el último debate, con pocas sorpresas: los tres grupos del Botànic se han mostrado seguros de que su propuesta saldrá adelante y los de la oposición han subrayado su férrea oposición. La síndica del PSPV, Ana Barceló, ha afirmado que no habrá "ningún tipo de problema" para aprobarla en los términos previstos: con las cuantías previstas para cada establecimiento (lo máximo serán 2 euros por noche en hoteles de lujo y lo mínimo, 50 céntimos para cámpings) y con una moratoria de un año. 

Precisamente, el PSPV ha sido el partido que más dudas ha mostrado, tanto en Les Corts como en el Consell, ya que tanto el responsable autonómico de Turisme como el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han manifestado en varias ocasiones que no era el momento para aprobarla, sobre todo tras el impacto de la Covid en el sector turístico, la principal industria de la Comunitat.

En 2021, el síndic socialista en aquel entonces, Manolo Mata, propició que la tasa se debatiera como una proposición de ley (que es la que se aprueba hoy) y que tuviera un año de moratoria ante la situación del sector tras la pandemia.

En julio de este año, la actual síndica, Ana Barceló, dejó durante unos días en el aire el apoyo de su grupo a la tramitación de la tasa y convocó a los ayuntamientos socialistas para tener en cuenta su opinión respecto de aplicarla o no. Finalmente, los socialistas votaron a favor, aunque advirtieron que sus consistorios no la aplicarían.

Respecto a su aplicación, València, gobernada por Compromís, será la única gran ciudad que previsiblemente la aplicará. Su alcalde, Joan Ribó, ha manifestado en varias ocasiones que la tasa es "imprescindible" para costear el aumento de los servicios que supone el turismo masivo en su término municipal. De hecho, ve "razonable" que ese gasto lo abonen los turistas y no los valencianos. Aunque la Concejalía de Turismo está en manos del PSPV, el pacto del Rialto ya incluía la aplicación de esta tasa que el PP también se compromete a eliminar si María José Catalá alcanza la vara de mando en 2023, antes incluso de que se haga efectiva por la moratoria de un año a la que está sujeta.

La patronal Hosbec, por su parte, mantiene mantiene su ‘no’ al tributo sobre el turismo y pide al PSPV que vote en contra de la proposición de ley por "inoportuno", porque también afectará a los turistas valencianos y por su impacto en el tejido económico.

Ningún cargo que la defendió sigue

Fue en 2015 , tras su llegada al poder, cuando los partidos del Botànic (PSPV y Compromís con el apoyo externo de Podem en aquel momento) barajaron por primera vez la posibilidad de implantar este impuesto. En octubre de aquel año, el Consell descartó incluir la tasa en sus primeras Cuentas aunque había "todo el tiempo del mundo para hablarlo". Ninguno de los representantes del Ejecutivo que defendieron aquel Presupuesto sigue en su puesto siete años más tarde, ni el conseller ni la secretaria autonómica ni los directores generales.