La OCDE rebaja a la mitad el crecimiento que prevé el Gobierno en 2023 y le pide revisar que sus medidas anti inflación estén justificadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño.
EUROPA PRESS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La OCDE, una organización que engloba principalmente a países de renta alta -entre ellos España-, ha rebajado aún más sus previsiones de crecimiento para la economía española de cara al año próximo. La institución cree que el PIB español avanzará un 1,3%, una cifra que queda claramente por debajo del 2,1% con el que el Gobierno ha elaborado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que supone una rebaja adicional respecto a su previsión anterior de septiembre (1,5%). 

La revisión en las proyecciones de la OCDE afecta también a 2024. Un ejercicio en el que la institución estima que el crecimiento avanzará solo un 1,7%, frente al 2,7% previsto hace apenas dos meses. Sin embargo, donde sí ha modificado sus cálculos al alza este organismo es en su análisis de 2022. Sus analistas prevén que este año cierre con un crecimiento del 4,7% del PIB, tres décimas más de lo que espera el Gobierno.

En todo caso, las estimaciones de crecimiento de la OCDE sitúan a España por encima de la media de la eurozona y de los países del grupo en los próximos dos años. La institución sostiene que los países del euro crecerán de media un 0,5% en 2023 y un 1,4% el siguiente, un promedio muy parecido al esperado para la OCDE (0,8 y 1,4% respectivamente).

Un escenario de escaso crecimiento que se combinará con una inflación que todavía seguirá siendo elevada en comparación con los estándares anteriores a la crisis energética. Eso sí, señalan que es probable que España se vea menos afectada que la mayoría de países europeos por la escasez de gas por su menor dependencia. La OCDE estima que España concluirá el año con una inflación del 8,6%, que posteriormente se reducirá al 4,8% en 2023 y 2024. 

Y será precisamente esa inflación uno de los causantes del escaso nivel de actividad económica que se espera para el año próximo. La subida de precios -que quedará muy por encima de la de los salarios, que la OCDE estima en el 3,3%- erosionará el poder adquisitivo de los hogares, lo que dañará el consumo de las familias, uno de los motores principales de la recuperación. 

El ahorro acumulado durante la pandemia, que se concentra entre las rentas más altas y cada vez es más escaso, contribuirá a sostener algo el consumo, sostiene la OCDE. En el lado de las exportaciones, los augurios no son buenos. Las previsiones de esta institución apuntan a que el frenazo en la actividad en socios comerciales clave hará mella en las ventas de España en el extranjero. 

A la vez, la fuerte subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) pesará sobre la inversión de los negocios, aunque que la inversión pública seguirá siendo dinámica gracias al efecto de los fondos europeos. El encarecimiento del precio oficial del dinero también obstaculizará el consumo y la inversión en vivienda, aunque se espera que el impacto sea más moderado que en periodos anteriores de subidas de tipos debido a que se ha reducido notablemente el porcentaje de hipotecados a tipo variable.

Piden revisar las medidas fiscales

Más allá de los augurios económicos, la OCDE recomienda también a España que revise periódicamente que las medidas fiscales que ha adoptado para combatir la inflación están justificadas. El organismo ya solicitó en septiembre que se "eliminaran gradualmente" las bonificaciones a los combustibles y mostró su oposición a las rebajas fiscales a la energía. 

La institución insiste en que el paquete de medidas del Gobierno, que todavía se desconoce en qué medida se prorrogará también el año próximo, no debería poner en riesgo la transición ecológica. Además, sostiene que las medidas de apoyo deberían ser temporales, dirigidas a los más necesitados y deberían conjugarse con la necesidad de reequilibrar las cuentas públicas a medio plazo. 

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