El Consejo General del Poder Judicial ha advertido (a través de una propuesta de informe) de que el anteproyecto de la ley contra el maltrato animal puede ocasionar problemas de penas desproporcionadas, en tanto que el castigo por el delito de lesiones contra animales vertebrados es equivalente al de el delito leve de lesiones a personas en los casos en los que no se requiere tratamiento veterinario ni tratamiento médico o quirúrgico. 

La propuesta de informe, de la que la vocal progresista Roser Bach es ponente, se discutirá el jueves 24 de noviembre en un pleno del Consejo para confirmar que las advertencias que recoge el texto son adecuadas. Entre todas ellas destaca la que avisa de que "la necesidad" de endurecer las penas, recogida por la ley del Ministerio de Derechos Sociales, "puede comprometer el principio de proporcionalidad". 

La vocal avisa de una posible desproporción también en el caso de que el maltrato animal venga motivado por la intención de causar daño al cónyuge o excónyuge del autor. En este supuesto, se prevén penas superiores a las previstas por el delito de coacciones, el delito de amenazas leves, el de lesiones sin tratamiento médico y el de maltrato de obra en el ámbito de la violencia sobre la mujer.  De esta forma, agredir a un perro puede suponer entre 3 y 18 meses de cárcel, mientras que la agresión de un hombre a una mujer, cuando esta no resulte lesionada, se pena con entre seis meses y un año de prisión. 

La reforma de ley que prepara Belarra afecta, en concreto, al Código Penal, estableciendo un endurecimiento de las penas por maltrato animal. Paralelamente, el Gobierno tramita el proyecto de ley de bienestar animal, una legislación más amplia promovida por el mismo ministerio. El Ejecutivo aprobó el pasado mes de agosto su remisión a las Cortes, sin que hubiese sido informado por el CGPJ, una circunstancia que propició las críticas del Partido Popular. 

El anteproyecto de la ley contra el maltrato animal prevé un cambio importante en lo que se refiere al bien que se protege, que antes era el animal doméstico o el que está "bajo el control humano" y ahora es "cualquier animal vertebrado". En este sentido, el CGPJ advierte de que esa modificación puede ocasionar "importantes problemas" para conciliar el cumplimiento de esta ley con la protección de la salud pública o el medio ambiente.

"En más de una ocasión, la defensa de estos bienes jurídicos entrará en conflicto con la protección de la integridad física o incluso la vida del animal vertebrado", señala Roser Bach en el texto. Estas ocasiones, recalca, requerirán de una respuesta inmediata "que no siempre contará con el respaldo de leyes que la justifiquen". Así pues, la protección del medio ambiente y la salud pública puede imponer el incumplimiento de la ley de la cartera de Derechos Sociales a través de, por ejemplo, la lucha contra las plagas. 

La colisión con otros delitos

La ley es conflictiva, según el Consejo, porque colisiona con otros delitos. La muerte intencionada de un animal vertebrado puede chocar con el delito preexistente que castiga la caza y la pesca de especies protegidas o de cualquier especie cuya caza o pesca está expresamente prohibida. A parte de esto, la acepción "muerte intencionada" provoca, según la vocal Roser Bach "confusión".

"No se tipifican como delito conductas que causen al animal vertebrado lesiones o muerte por imprudencia", explica Bach, "para que la muerte de un animal vertebrado se considere delito debe ser dolosa". La ponente señala además la existencia de otra inconsistencia en la ley, que no especifica lo que se debe entender por "tratamiento veterinario". 

"Esta indefinición crea un problema" que se traslada a "los juzgados y los tribunales", explica la vocal. El informe aplaude, por otro lado, dos aspectos del anteproyecto de ley. El primero es la inclusión, "por primera vez en el ordenamiento jurídico", de la responsabilidad de las personas jurídicas en la comisión de los delitos de maltrato animal". En segundo lugar, el texto aplauda la regulación en torno a las medidas cautelares, entre las que se incluye "el cambio provisional de la titularidad del animal con el fin de favorecer su cuidado y bienestar". 

El ministerio desmiente que las penas sean iguales

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han alegado que "es falso que la nueva ley de protección animal castigue más duramente una patada a un animal que a una persona". En este sentido, han asegurado que "la pena por un delito de lesiones sin intervención veterinaria es más leve que la de lesiones sin tratamiento médico", en tanto que si la lesión se infringe a un animal, la pena se puede conmutar por trabajos en beneficio de la comunidad, mientras que si se lesiona a una persona, "siempre habrá multa". 

Las penas más altas vienen ligadas a casos de "violencia vicaria" en los que un maltratador hace daño al animal para hacer daño a la mujer. En estos supuestos, "se hace daño al animal y también a la persona" y la pena es, por tanto, mayor. 

Desde la cartera de Derechos Sociales se ha hecho referencia también al cambio del bien protegido, anteriormente los animales "bajo control del humano" y ahora "cualquier animal vertebrado". "Hasta ahora, quemar vivo un zorro o ahogar a una cría de jabalí no tenía ningún reproche penal. Esta ley viene a poner fin a la impunidad de los maltratadores de animales que, hasta ahora, era casi total en España. Derechos Sociales defiende esta reforma como imprescindible", han explicado.