Más de 4.300 familias de la ciudad de Barcelona, clientes de Endesa, se han beneficiado de la renovación automática del bono social desde el pasado mes de abril. Esto sitúa la cifra de beneficiarios de esta ayuda en cerca de 20.200 hogares, unos 2.200 más que a 31 de diciembre de 2021 y cerca de 3.500 más respecto al año que estalló la pandemia.

Endesa atribuye buena parte de este crecimiento a que todas aquellas personas beneficiarias de este descuento, excepto las familias numerosas, que están sujetas a la vigencia de su carnet, no tengan que tramitar ahora una solicitud de renovación cada dos años para verificar que siguen cumpliendo los criterios de asignación definidos por el Gobierno.

Desde la compañía energética se realiza directamente la comprobación con el Ministerio de Transición Ecológica para saber si el hogar en cuestión puede seguir percibiendo el descuento en la factura eléctrica. 

Aquellos que disfrutaban de la ayuda antes de la entrada en vigor de la nueva normativa tendrán una prórroga automática de dos años después de finalizar el período de percepción. Dos meses antes del vencimiento siguiente, Endesa les avisará para que puedan presentar la solicitud y la nueva documentación acreditativa de acuerdo con los nuevos requisitos. A partir de ese momento las renovaciones también pasarán a ser automáticas cada dos años, siempre que se cumplan las condiciones.

Nuevas ayudas por bajos ingresos

El Gobierno central impulsó a finales del pasado mes el bono social de justicia energética, dirigido a hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética. Esta nueva categoría supone la aplicación de un descuento del 40% sobre el precio de la tarifa regulada y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta nueva ayuda se regula por el Real decreto ley 18/2022.

Endesa prevé que el colectivo de beneficiarios del bono social siga creciendo en los próximos meses con esta nueva categoría. Se podrán acoger a esta ayuda para su vivienda habitual las personas que tengan una renta igual o inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, actualmente en 579,02 euros, por 14 pagas,  y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas. A modo de ejemplo, en 2022 podrán acogerse al nuevo bono de justicia energética un adulto con una renta inferior a 16.213 euros anuales o una familia de cuatro miembros con una renta inferior a 26.751 euros anuales.

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Prórrogas hasta diciembre de 2023

La entrada en vigor del nuevo Real Decreto amplía los descuentos y los prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023. Así, para los consumidores vulnerables la ayuda pasa del 60% al 65%, mientras que para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad severa se amplía en un 10% más, por lo que pasa del 70% al 80%.

Además, también se incrementa el número de kilovatios hora (kWh) sobre los que se aplican estas bonificaciones, por lo que el volumen de energía anual sujeta al descuento se incrementa en un 15% y de forma proporcional a las personas que convivan en la misma vivienda. Por ejemplo, en un hogar en el que viven una o dos personas, los kWh bonificados son ahora 1.587kWh/año frente a los anteriores 1.380kWh. En una vivienda donde viven cuatro personas, la energía bonificada pasa a ser de 2.698 kWh frente a los 2.346 kWh antes del cambio regulador.

Por último, también se ha aprobado un aumento en la ayuda mínima por beneficiario del bono social térmico de 25 a 40 euros, que beneficia a consumidores vulnerables en consumos térmicos como calefacción, agua caliente o cocinas de gas. Esta ayuda se concede de forma automática a todos los beneficiarios de bono social eléctrico, con la excepción de la nueva categoría de bono de justicia energética.

El bono social en cifras

Endesa cuenta actualmente con más de 20.200 clientes adheridos al bono social en Barcelona. De éstos, alrededor de 10.060 son familias vulnerables y tienen una rebaja del 65% en la factura del consumo eléctrico, mientras que 10.140 son severas vulnerables y se benefician de una reducción del 80%.

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En relación a su tipología, una mayoría de casi dos tercios, el 63%, son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, y casi un tercio, el 30%, son familias numerosas y monoparentales. Algo menos del 5% son pensionistas y el 1% corresponde a colectivos especialmente afectados por la crisis económica derivada de la COVID-19 que se han acogido a esta ayuda. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital son tan solo el 0,21%. Del total de clientes, la mitad son considerados vulnerables por el Ministerio y la otra mitad son vulnerables severos.

Protección ante cortes de suministro

Además, la normativa protege también a aquellos hogares vulnerables que, a pesar de acogerse al bono social, no puedan pagar la factura. En este sentido, la Ley del sector energético estipula que no se puede interrumpir el suministro eléctrico en una vivienda en la que haya, al menos, un menor de 16 años en la unidad familiar, o en la que el titular o uno de los miembros de la unidad familiar sea una persona con una discapacidad igual o superior al 33% o con un grado de dependencia II o III. En estos casos los clientes tendrán que dirigirse a los servicios sociales para que emitan el correspondiente documento de acreditación de la situación y, posteriormente, tendrán que presentarlo a su comercializadora de referencia.

Asimismo, los clientes vulnerables en riesgo de exclusión social, es decir, aquellos clientes con la consideración de vulnerables en grado severo que sean atendidos por los servicios sociales no tendrán que hacerse cargo de una factura siempre que los servicios sociales acrediten el pago de, al menos, el 50% de la factura mencionada a la comercializadora de referencia dentro de los cinco meses posteriores a la emisión de la factura. La comercializadora asumirá el 50% restante del importe.

Por último, una normativa reciente ha establecido el suministro mínimo vital, una medida destinada a los beneficiarios del bono social que incurran en impago, los cuales tendrán un plazo adicional de seis meses para realizar el pago de la factura. Durante estos seis meses no se les podrá interrumpir el suministro, pero si tenían contratada una potencia superior a 3,5 kilovatios, verán limitada la potencia a 3,5 kilovatios. Esta medida no debe solicitarse, sino que el consumidor recibirá de la comercializadora la notificación de la fecha a partir de la cual se le aplicará el suministro mínimo vital.