La ley de empleo, que se encuentra tramitándose actualmente en el Congreso, reconocerá al colectivo LGTBI como vulnerable y le garantizará, por tanto, "atención prioritaria" en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) siempre y cuando las personas pertenecientes al mismo acrediten su orientación sexual -o identidad de género, en el caso de las personas trans- a través de una declaración jurada. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Trabajo, que explican que esa declaración se prestará únicamente "de manera libre y voluntaria" y que el SEPE no la pedirá por iniciativa propia.

La ley de empleo salió del Consejo de Ministros el pasado junio y desde entonces está tramitándose en el Congreso sin que aún exista una fecha prevista para su aprobación definitiva. No obstante, en su momento la vicepresidenta Yolanda Díaz la definió como "imprescindible para la recuperación, el futuro de nuestras empresas y de nuestro país", y afirmó que uno de sus puntales es el rediseño de las políticas activas de empleo para ayudar a los demandantes de trabajo a formarse.

La nueva norma, además, amplía los grupos que pueden beneficiarse de actuaciones prioritarias en el SEPE. Entre ellos estarán los migrantes, los beneficiarios de protección internacional, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en situación de exclusión social, las personas que han abandonado los servicios de empleo, las personas mayores de 45 años y quienes pertenezcan al colectivo LGTBI. 

En este último caso, especialmente las personas trans están muy discriminadas a la hora de acceder al mercado laboral, y de ahí que se busque darles prioridad en los programas elaborados por el SEPE. Así lo reconocía este martes a Europa Press la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil, que aseguró que la discriminación a la hora de acceder a un empleo es "algo que sucede con el colectivo LGTBI y, sobre todo, con las personas trans".

Para Sangil, "la clave es cómo implementar esas políticas". "Entendemos que la ley está en elaboración y que puede mejorar en cuanto a cómo se puede implementar. Y si no se puede hacer una política directa, porque no es posible identificar a nuestro colectivo, hay que pensar en medidas indirectas", defendió la presidenta de la FELGTBI+.