El Partido Popular escogió ayer Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura para hacer campaña contra la reforma que ha impulsado el Gobierno del delito de sedición y que también estudia sobre la malversación. Cuatro comunidades de las nueve que gobierna el PSOE y a las que acudieron altos cargos populares para poner contra las cuerdas a los presidentes regionales, precisamente los que suelen ser más críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Porque, como explicó el coordinador general del PP, Elías Bendodo, el partido quiere estar presente en "distintas baronías del PSOE" al estar ante "uno de los episodios más tristes de la historia democrática", ya que nunca se habían imaginado "que un presidente del Gobierno pudiera llegar tan lejos arrastrado el nombre de España".

A las 10.00 horas del martes, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra llegaba a Toledo para poner en cuestión al socialista Emiliano García-Page. Junto al candidato popular en Castilla-La Macha, Paco Núñez, Gamarra pidió al presidente regional "que se rebele con sus nueve diputados del Congreso y que ayude a parar lo que considera una reescritura de la sentencia del Tribunal Supremo: tienen que decidir si están dispuestos a permitir que el sanchismo devore al socialismo".

Y en caso de no posicionarse, Gamarra advirtió a García-Page de que "será tan responsable y cómplice como Pedro Sánchez" porque las reforma de la sedición "ha sido escrita en las sedes de los partidos cuyos dirigentes han sido juzgados y condenados, o están pendientes de rendir cuentas ante la justicia" y la de reforma de malversación estaría destinado "para que aquellos que han cometido delitos de corrupción les salga más barato y tampoco tengan que entrar en la cárcel y rendir cuentas".

Page contraatacó alegando que en el PP "deben de andar muy mal si esperan que el PSOE sea el que les eche una mano", que "cada uno debe defenderse en su terreno" y que él "no jaleará a los presidentes del PP para que vayan contra Feijóo". En todo caso, sí respondió que "los intereses de ERC son contrarios a España".

Una hora después, Miguel Tellado y Elías Bendodo repetían el discurso de Gamarra en Valencia y en Zaragoza, respectivamente. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, acompañado por el presidente del PP en Valencia, Carlos Mazón, instó al socialista Ximo Puig a decir "de qué lado está: o con el independentismo que defiende y promociona Sánchez o con la Comunidad Valenciana". De nuevo, en caso de no hacerlo, "se convertirá en cómplice y copartícipe de la peor cesión de Sánchez" a los políticos condenados por el procés.

También el coordinador general del PP, Elías Bendodo, se dirigió al presidente socialista en Aragón, Javier Lambán, para exigirle que les "diga a sus diputados que por coherencia voten en contra de la derogación de la sedición y la modificación de la malversación". Y en lugar de dejar abierta la puerta a la moción de censura que piden Vox y Ciudadanos, Bendodo aseguró que la "verdadera moción de censura se presentará el 28 de mayo [elecciones municipales y autonómicas] en todo el país: será entonces cuando con su voto hablen todos los españoles; todo lo demás es calentar el circo a Sánchez".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, fue el último en instar a un barón socialista a lograr que sus diputados "voten contra la derogación del delito de sedición". Rollán cree que Guillermo Fernández Vara tiene "la responsabilidad y la oportunidad de convocar a sus cinco diputados en el Congreso para decirle que por encima de los intereses políticos de Sánchez, de una sola persona, deben anteponer los intereses de los extremeños y los españoles, los intereses de la nación". 

El llamamiento tuvo también efecto en Vara, quien reconoció que "el hecho de que se hiciera algo que dificultara que se pueda perseguir la corrupción en España, sería difícilmente entendible", dijo sobre la posibilidad de que se reforme el delito de malversación, por el que también fueron condenados algunos líderes del procés.

Mientras los vicesecretarios del PP viajaban a distintos territorios de España para denunciar la reforma del Código Penal, el jefe de la oposición pedía en Madrid nuevas ayudas al sector automovilístico. Apenas dedicó Alberto Núñez Feijóo un par de minutos de su discurso a la sedición. "Vamos a seguir defendiendo la democracia ante cualquier tipo de ataque y vamos a seguir defendiendo el Estado de Derecho porque es el valor fundamental y el baluarte sobre el que se construye nuestra democracia", insistió, tras dos días de discursos contra estas reformas, sin ronda de preguntas.