La reforma del Código Penal (CP) que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez va camino de convertirse en una amnistía encubierta. Tras el anuncio de que el delito de sedición será suprimido y que en su lugar se castigarán los desórdenes públicos agravados, ERC presiona para que en el trámite parlamentario se modifique el delito de malversación por el que también fueron condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y por el que tienen causas pendientes dos dirigentes republicanos de mucho peso, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Hace dos días, Junqueras exigía al PSC que se comprometiera con la reforma de la malversación si quería pactar los Presupuestos catalanes. Es el mundo al revés, porque quien debería tener interés en sacar adelante las Cuentas en Cataluña es ERC, que para eso gobierna la Generalitat, y no el PSC, que está en la oposición. Lo llamativo es que al partido de Salvador Illa no le parezca mal una reforma del CP, que en la práctica es una amnistía encubierta y que deja a la democracia española muy desarmada si en el futuro los separatistas lo vuelven a hacer.

Aragonès pide ahora a Sánchez reformar el delito de malversación para que no pueda ser aplicado a los líderes del 'procés'

El PP pone en el foco de su crítica los beneficios para Carles Puigdemont de esta reforma torticera del CP cuando, en realidad, el mayor beneficiado será Oriol Junqueras. El expresident fugado, cuya extradición a España podría estar más cerca, algún día tendrá que ser juzgado, aunque sea por delitos con muchos menos años de cárcel. En cambio, Junqueras, si la malversación de caudales públicos también se fulmina, puede acabar siendo el candidato de ERC para las siguientes autonómicas. El problema no es que la sedición desaparezca, lo democráticamente inaceptable es que no se adecue el CP a la luz de lo que sucedió en Cataluña en 2017, que no se introduzcan nuevas figuras penales, como la desobediencia reiterada al TC o la rebelión sin violencia. Lo inaudito es que el PSOE haya comprado en la práctica el argumento de que no hubo delito en 2017, ni de sedición ni de rebelión, a lo sumo unos desórdenes públicos, y tampoco de malversación.

Es muy grave porque se compra el marco argumental del separatismo

Ahora se pretende que el dinero público que los independentistas derrocharon con el procés, y que en el juicio quedó sobradamente acreditado, no sea motivo de delito con el argumento de que no se lucraron personalmente. Los millones que se gastaron de todos los catalanes en algo que era ilegítimo e ilegal también se perdonan, y en el futuro les saldrá gratis montar nuevos referéndums. Lo que se pretende es muy grave, no porque el resultado sea el perdón para los que fueron condenados, sino porque se compra el marco argumental del separatismo. De llevarse a cabo, el ganador absoluto será Junqueras que, junto a Artur Mas, es el mayor culpable del procés.