Cuatro años después de que su colegio se mudara, en principio de forma temporal, a uno construido íntegramente con barracones mientras se avanzaba en la construcción de uno nuevo, la comunidad educativa del colegio público Santo Ángel de la Guarda de València sigue sin saber cuándo empezarán las obras. El antiguo se ubicaba en la parcela del cuartel de Ingenieros, que está siendo reurbanizada para acoger, además de la nueva instalación educativa, 450 viviendas y un parque. Sin embargo, pese a que los planos están hechos y los fondos del plan Edificant de la Generalitat adjudicados, la entidad estatal Sepes, que depende del Ministerio de Agenda Urbana, acaba de comunicar una ampliación del plazo, en este caso de 23 semanas, en la entrega del suelo para el centro, hasta febrero de 2023.

Esta nueva demora supondrá, explican desde el Ampa, una espera acumulada de al menos tres años más para la apertura del nuevo centro escolar, según les han reconocido desde los Servicios Territoriales de Educación. De hecho, entre los motivos del retraso respecto al 23 de octubre, fecha inicialmente prevista, Sepes argumenta que la empresa se ha visto afectada por situaciones "imprevisibles y ajenas a su voluntad", como la huelga de transportistas de inicios de 2022, cambios introducidos por Iberdrola en la electrificación de la zona y otros retrasos que achaca a Telefónica y Emivasa.

"Nos gustaría que se considerara una actuación preferente y se aceleraran los plazos", afirma Irene Gómez, de la junta del Ampa del Santo Ángel, que también aboga por la construcción de las viviendas en paralelo a la del nuevo centro escolar.

El alumnado lleva así cuatro cursos en aulas prefabricadas en un solar de la avenida Gaspar Aguilar sin un horizonte para el retorno a la calle San Vicente. El Ampa, que destaca el carácter "coeducativo e intercultural" de un centro "implicado" en el barrio, ha trasladado al Consejo Escolar Municipal sus peticiones en cuanto a mejoras en mantenimiento y limpieza del entorno, donde en los últimos años se han instalado una gasolinera, un restaurante de comida rápida y una zona de aparcamiento en un solar anexo.

Denuncia social y disputa política

La presencia de centros construidos íntegramente en barracones que se cronifican a la espera de la edificación de las nuevas instalaciones ha sido objeto de denuncias por parte de padres y colectivos, así como de disputa política. El PP denunció al inicio de curso que 16.000 alumnos permanecían en barracones en la Comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, replicó en el Debate de Política General que en 2023, año electoral, solo quedará un centro educativo en barracones sin proyecto aprobado, frente a los 27 de 2015.