Ayuso aprueba bonificaciones a casi 700.000 madrileños: estudiantes, cuidadores...

  • La Comunidad de Madrid recupera nuevos incentivos que ya planteó con Cs y bloqueó Vox y amplía otros existentes.
  • El Gobierno envía ahora el proyecto de ley a la Asamblea con el objetivo de que se apruebe y entre en vigor en 2023.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso con los consejeros Javier Fernández-Lasquetty y Paloma Martín durante un pleno en la Asamblea.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso con los consejeros Javier Fernández-Lasquetty y Paloma Martín durante un pleno en la Asamblea.
Gustavo Valiente/ EP
La presidenta Isabel Díaz Ayuso con los consejeros Javier Fernández-Lasquetty y Paloma Martín durante un pleno en la Asamblea.

La Comunidad de Madrid continúa con su política de reducción de presión fiscal. Si la semana pasada la Asamblea regional aprobó la deflactación del IRPF desde enero de 2022 y hace tres se amplió la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para tíos, hermanos y sobrinos, este martes el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un paquete con seis deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que casi 700.000 madrileños se deduzcan en torno a 92 millones de euros. Tres son nuevas y las restantes suponen mejorar supuestos ya vigentes. 

Entre las primeras se incluyen tres: una relacionada con el cuidado de personas mayores en el entorno familiar, otra sobre el alquiler de viviendas y una tercera sobre la matriculación en estudios superiores con beca-préstamo. Al menos dos de ellas coinciden con iniciativas que ya trató de poner en marcha el PP en 2020 cuando gobernaba con Ciudadanos (Cs) y que acabó bloqueando Vox en la Asamblea, porque las tres fuerzas no consiguieron llegar a un acuerdo.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha confiado en que este nuevo intento de ponerlas en marcha sea el definitivo. "Cs ya no está", ha resumido el responsable autonómico tras aseverar que el pacto de hace dos años y medio no fructificó debido a que Ignacio Aguado no aceptó las condiciones de Vox.

Para contribuyentes que cuiden de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad el Gobierno regional plantea una deducción de 500 euros. Otra línea de incentivo pasa por una deducción del 10% para los gastos relacionados con el alquiler una vivienda en la región, como pueden ser los de conservación o reparaciones. 

El proyecto de ley validado este martes también incluye que aquellas personas que quieran cursar estudios superiores, como un grado, máster o doctorado, y tengan que pedir un préstamo para hacer frente a los gastos puedan desgravarse el 100% de los intereses.

Mejora de deducciones ya en vigor

Entre las bonificaciones que se quieren mejorar figuran una relacionada con los gastos de enseñanza de idiomas. Actualmente la rebaja es del 10% y prevé ampliarse al 15%. De la misma forma, el Ejecutivo regional quiere favorecer el cuidado de personas mayores o con discapacidad y para ello propone ampliar la deducción del 25% de los gastos de cotización a la Seguridad Social de las personas que las familias contraten para este cometido. Es una medida que ya existe para las atenciones a niños menores de 3 años.

La tercera bonificación que se quiere mejorar es la que hace referencia a la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación, que se amplía al 40% con un límite de 9.000 euros.

Casi 700.000 beneficiarios

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha destacado que esta es la sexta bajada fiscal desde que Isabel Díaz Ayuso preside el Gobierno regional. De acuerdo con los cálculos de su departamento, esta batería de bonificaciones beneficiará a casi 700.000 madrileños que podrán desgravarse en torno a 92 millones de euros si la normativa entra en vigor.

"Se busca ayudar a las familias madrileñas ante el incremento de los precios, el coste de la energía y la situación de alta inflación", han señalado fuentes gubernamentales. 

El Ejecutivo de la Puerta del Sol tiene intención de enviar este nuevo proyecto de ley de reforma fiscal a la Asamblea esta misma semana con el objetivo de que se apruebe antes de que acabe el año para que entre en vigor en 2023. Para ello, el PP necesita el respaldo de Vox, con el que a priori cuenta dado que el grupo que lidera Rocío Monasterio es favorable a reducir la presión fiscal al máximo.

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