El tímido paso adelante del Gobierno con respecto a la reforma del delito de sedición para ganarse el apoyo de ERC a los próximos Presupuestos Generales del Estado ha durado menos de dos horas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió esta mañana que el Ejecutivo traería al Congreso esa reforma, aunque también dijo que lo haría tras la aprobación de las cuentas. Pero, unos minutos después, se corrigió a sí misma y, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que no existe "ninguna novedad" al respecto de esta reforma y que, aunque el Gobierno tiene el "compromiso" de abordarla, también considera que actualmente no cuenta con la mayoría para hacerlo y, por ende, no presentará el proyecto ante el Congreso.

Montero había insistido en la tribuna del Congreso este jueves, durante el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, en que el Ejecutivo tiene un "compromiso firme" con esta reforma, que ERC ha recuperado como prioridad en la negociación de los Presupuestos para 2023. Y fue un paso más allá y aseguró que el Gobierno la "traerá" al Congreso, aunque lo hará "en otro entorno" diferente al de las conversaciones para sacar adelante las cuentas.

Montero no mencionó expresamente la palabra "sedición" durante toda su intervención, pero sí planteó el discurso que lleva empleando el Ejecutivo desde hace meses: el de que tanto los ministros como el presidente Pedro Sánchez tienen "la voluntad de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos". "Es un compromiso firme del presidente del Gobierno", insistió la titular de Hacienda, que aseguró que esa forma sería abordada por el Ejecutivo en el Congreso, "que tendrá que decidir sobre esta cuestión".

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La ministra, en la tribuna, no mencionó la posibilidad de que la reforma del delito de sedición no encuentre apoyos suficientes en la Cámara Baja, el argumento a través del cual el Ejecutivo la ha rehuido en los últimos meses y que, cuanto menos, es endeble porque la aritmética parlamentaria sí permitiría que esta reforma saliera adelante cómodamente. Pero, al dar marcha atrás, sí recuperó este argumento y aseguró que, para poner en marcha la reforma de la sedición, el Gobierno tendría "que tener, en su momento, la mayoría suficiente", algo que "hoy no ocurre".

"Lo que he expresado en la tribuna es absolutamente lo mismo que dijo el presidente Sánchez sobre que la voluntad del Gobierno es homologar determinados delitos con los estándares europeos", abundó en este sentido Montero, que insistió en que "para eso necesitamos una mayoría, y el compromiso del presidente es impulsarlo en el momento que se den esas mayorías". "Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más" en el "fragor de este debate de Presupuestos", "para nada" ha sido así, zanjó la ministra de Hacienda.

ERC mantiene el tono suave

En cualquier caso, y más allá de este paso atrás de Montero, lo cierto es que ERC mantuvo este jueves el tono contenido que ha tenido durante los últimos días con su demanda de reformar el delito de sedición. Los republicanos mantienen esta exigencia de cara a la negociación de Presupuestos, pero ya el pasado viernes la diluyeron cuando anunciaron que no intentarían torpedear la tramitación de las cuentas esta semana mediante un comunicado en el que no hicieron ninguna mención a la sedición. 

En este sentido, el diputado de ERC Joan Margall ofreció este jueves en el Congreso un discurso muy centrado en los Presupuestos, de los que dijo que introduce "algunas medidas positivas" que van "en la buena dirección" pero son "insuficientes", y de los que también criticó el aumento de casi un 26% en la inversión en defensa. Sobre la reforma del delito de sedición, por el contrario, sutileza: Margall se limitó a decir que "miles de personas siguen siendo represaliadas por el Estado por el simple hecho de ser independentistas" y aseguró que "la solución pasa por la política". Por no mencionar, el diputado ni siquiera mencionó la palabra "sedición".

El asunto tampoco estuvo entre las reivindicaciones que planteó EH Bildu, que desde el inicio de las conversaciones para los Presupuestos está centrando sus exigencias en asuntos económicos y sociales. Su portavoz adjunto, Oskar Matute, aseguró que las cuentas incluyen algunas iniciativas positivas, pero también tachó de "paliativas" las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis económica y exigió al Gobierno mayor ambición. "No hay que parecer diferente a la derecha, hay que serlo", espetó Matute, que enumeró algunas de las peticiones de EH Bildu, como la limitación del precio de los alquileres, la gratuidad del transporte público de manera permanente o el aumento de las pensiones más bajas.