El Parlamento valenciano no investigará las circunstancias en las que un tren de la línea València-Zaragoza con medio centenar de pasajeros a bordo se adentró en el incendio forestal de Bejís el 16 de agosto, lo que provocó que algunos viajeros saltaran de convoy y una decena de ellos sufrieran heridas por quemaduras. Los partidos del Botànic que dan apoyo el Consell han rechazado este miércoles la creación de una comisión parlamentaria que pide el PP y que apoyan los otros dos grupos de la oposición, Ciudadanos y Vox. 

Los populares, que quieren llegar hasta el final, acusaron a la izquierda de "ocultar la verdad" e insisten en pedir la dimisión de la consellera Gabriela Bravo, mientras el PSPV replicó que "cambiar cenizas por votos es miserable" y aseguró que se responderán las 230 preguntas escritas registradas.

Los grupos políticos han fijado sus posiciones en el debate de la propuesta del PP. Este jueves, durante la segunda jornada del pleno, tendrá lugar la votación, en la quela mayoría absoluta del Botànic tumbará la iniciativa.

La semana pasada, la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, reveló que un informe descarta fallos de comunicación por parte del Centro de Coordinación de Emergencias en el suceso. Además, un juzgado de Segorbe investiga actualmente este incidente, algo que pusieron de manifiesto los grupos del Consell para justificar que no se abra una comisión parlamentaria.

Durante el debate, el portavoz adjunto del PP Miguel Barrachina reiteró sus críticas a la Generalitat por cubrir el incidente con "una cortina permanente de humo sobre los datos que deberían ser públicos", además de volver a exigir la dimisión de Bravo (PSPV) como "máxima responsable".

Barrachina acusó a los socios del Botànic de querer "ocultar la verdad" y apuntó a la recién cesada exconsellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà por la falta de protección de los montes valencianos ante los incendios forestales por la falta de conservación y limpieza.

El diputado del PSPV Ernest Blanch rechazó la comisión de investigación en nombre del tripartito. "Todo nuestro respeto a las víctimas, que no se merecen la frivolidad con la que actúa el PP sobre unos hechos que han tenido explicaciones en numerosas ocasiones", recalcó. "Cambiar cenizas y dolor por votos es miserable y ahí no vamos a entrar", dijo. A su juicio, los populares quieren "dilatar" este incidente hasta las elecciones para lograr "algún trofeo político", pero les advirtió que están "pinchando en hueso". Blanch defendió que la consellera estuvo presente en los municipios afectados y que este viernes habrá una reunión con los alcaldes "de todos los colores" políticos, que según él han agradecido la actuación de la Generalitat.

Es más, el socialista aseguró que las más de 230 preguntas escritas registradas y 70 solicitudes de documentación sobre el incidente "van a tener respuesta estos días Se contesta absolutamente todo sin esconder nada y la consellera de Justicia vendrá las veces que haga falta", insistió.

El diputado del PP replicó que el informe al que aludió la consellera está "firmado por el alcalde socialista de Vilafamés (Castellón)", el también diputado provincial de Bomberos Abel Ibáñez, y "lo que hace es agravar la situación de Bravo".

Tampoco se investigarán contratos de la pandemia

Los grupos del gobierno valenciano (PSPV, Compromís y UP) también rechazarán este jueves la creación de la comisión de investigación que reclaman PP y Ciudadanos sobre los contratos de emergencia adjudicados por la Generalitat al inicio de la pandemia. No obstante, el PP anunció su intención de denunciar ante la Agencia Valenciana Antifraude los "sobrecostes e irregularidades" en estas compras, como avanzó el diputado Fernando Pastor en el debate. 

"Si no hay comisión de investigación, serán otros los que tendrán que investigar estos contratos", advirtió tras asegurar que pueden "probar" que hubo precios hinchados hasta el 50% o que se adjudicaron más de 300 millones sin el control habitual. Por su parte, Fernando Llopis (Cs) cifró en 409 millones de euros el dinero invertido por la Generalitat en 279 contratos de emergencia.