El Ministerio de Hacienda adelantará un año el efecto recaudatorio del llamado 'impuesto de solidaridad' a las grandes fortunas.  Un tributo con el que el departamento que dirige María Jesús Montero pretende contrarrestar la supresión del impuesto al patrimonio en las comunidades autónomas que gobierna el PP. Así se refleja en el plan presupuestario que el Ejecutivo envió a Bruselas a mediados de octubre y han confirmado desde el Ministerio de Hacienda a 20minutos este miércoles. 

El Gobierno dio a conocer los detalles del nuevo tributo a finales de septiembre, pero entonces afirmó que esta figura comenzaría a generar recaudación en 2024 en base al patrimonio obtenido por los contribuyentes en 2023. Sin embargo, en el plan presupuestario enviado a Bruselas, el Ejecutivo cuenta con 1.500 millones de euros de ingresos por este tributo ya en 2023, por lo que el cálculo del patrimonio se realizará ya en 2022.

Para que este nuevo impuesto produzca efectos ya en 2023, el Gobierno deberá tenerlo articulado legalmente antes de que acabe este año. Y para lograr este objetivo, una de las alternativas que se barajan es introducir el tributo como enmienda a la proposición de ley en la que se desarrollan los impuestos temporales a la banca y las grandes energéticas, que actualmente está en proceso de tramitación en el Congreso. Estas dos figuras tributarias serían, en principio, de carácter temporal y estarían en vigor solo entre 2023 y 2024, una característica que comparten con el impuesto de solidaridad. 

El Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones por el impuesto a las grandes fortunas en 2023, mientras que confía en que el gravamen temporal a grandes energéticas y bancos aporte 3.500 millones en el próximo ejercicio. No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, estimó ayer que la recaudación será de 1.270 millones de euros en 2023 y otros 1.370 millones en 2024.

A qué sueldos afecta el nuevo impuesto de solidaridad que ha anunciado Hacienda

El impuesto de solidaridad gravará a los patrimonios de más de tres millones de euros en tres tramos: un tipo del 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; otro del 2,1% para patrimonios de entre 5 y 10 millones y finalmente un tercero del 3,5% para patrimonios superiores a los 10 millones de euros. 

El diseño de este tributo es prácticamente calcado al ya existente impuesto al patrimonio, cedido a las comunidades autónomas. De hecho, la idea con la que el Gobierno lo ha diseñado es desincentivar que las autonomías eliminen de facto el impuesto. Algo que ya ocurre en Madrid, donde se bonifica al 100%, y que otras comunidades han anunciado que imitarán como Andalucía, Murcia y Galicia (en este último caso, solo al 50%).

Por ello, el impuesto de solidaridad mantiene las exenciones por vivienda habitual y permite a los contribuyentes deducirse al 100% las cuotas que paguen por el impuesto al patrimonio. Con esta fórmula, el Ejecutivo pretende que, en la práctica, solo paguen este impuesto los contribuyentes que residen en territorios que han eliminado el gravamen al patrimonio. Y dado que los ingresos por esta nueva figura irían a parar a las arcas del Estado y no a las de las comunidades, incentivar que estas dejen de bonificar al 100% patrimonio. El Ejecutivo calcula que solo 23.000 contribuyentes tendrían que abonar este tributo.

Montero defiende el "realismo" de los Presupuestos

Este mismo miércoles comenzaba la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Desde la tribuna del Congreso, María Jesús Montero ha defendido unas cuentas públicas elaboradas, según ha dicho, "desde el realismo" y "sin paños calientes", pero evitando "caer en la doctrina del shock que se ha adueñado de otras bancadas". Montero ha reconocido que vienen "meses difíciles", pero ha subrayado que "todos los organismos" nacionales e internacionales dan un crecimiento económico para el año que viene superior a la media europea.

La ministra de Hacienda ha destacado que la Airef ha avalado el escenario macroeconómico del Gobierno, que recoge una expectativa de crecimiento del 2,1% para el año próximo. Una previsión que la mayoría de los analistas públicos y privados reducen a un entorno entre el 1 y el 1,4%. "Hay toda una horquilla de previsiones cada día, pero lo importante es que todas muestran una misma tendencia: que España seguirá creciendo a pesar del difícil contexto internacional", ha apostillado.

Montero tampoco ha concretado qué medidas del plan de choque contra la inflación del Gobierno se prorrogarán el año próximo. El Ejecutivo ha excluido el coste de una posible prolongación del proyecto presupuestario, aunque se ha reservado alrededor de 20.000 millones para sufragar aquellas que considere más adecuadas. En este sentido, la ministra ha dicho que habrá que esperar hasta noviembre para salir de dudas, aunque en todo caso solo se prorrogarán "las más eficaces y las focalizadas en los más vulnerables".

En este sentido, la Airef publicó el martes un análisis de las medidas que se han adoptado hasta la fecha y su grado de focalización en los más vulnerables. El análisis de la autoridad fiscal señala que las bajadas fiscales al gas, la subvención al combustible y el transporte público benefician más a los hogares con más renta. Mientras que la subida temporal del 15% a las pensiones contributivas y el ingreso mínimo, las ayudas directas de 200 euros o el bono social térmico son las más focalizadas.