El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, desveló en una entrevista concedida a TV3, que pactó con el gobierno de Pedro Sánchez que no se recurriese la ley sobre el catalán en las escuelas aprobada el pasado mes de julio.

Esta nueva normativa legal sirvió para esquivar la obligación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de aplicar un 25% de castellano en la enseñanza en Catalunya, tanto en primaria como en la ESO.

En la mencionada entrevista de anoche, Pere Aragonès confirmó que este acuerdo se produjo en el marco de las negociaciones de la Mesa de Diálogo. El presidente aseguró que este pacto fue uno de los puntos fundamentales para reimpulsar estas negociaciones entre ambas administraciones.

La crisis de Pegasus

Cabe recordar que la última reunión de la mesa se produjo en plena crisis por el espionaje a varios líderes independentistas con el programa Pegasus.

El pasado mes de julio, se presentaron los “acuerdos de protección de la lengua catalana" tras la reunión entre los dos ejecutivos. Fue en este contexto en el que Aragonès aseguró ayer que lo primero acordado fue "que no se impugnara la ley del catalán en la escuela" ya que era fundamental para “generar confianza en las partes de la negociación”.

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Aragonès justifica esta decisión porque “si empiezas a negociar y te impugnan la ley que defiende el modelo lingüístico y que tiene una amplia mayoría parlamentaria, ya podemos terminar".

Desde el gobierno de Pedro Sánchez se niega que exista este pacto para no recurrir la ley catalana que ha permitido esquivar la sentencia del 25% de clases en castellano. En concreto se afirma que el asunto está en manos de la Justicia.

Desde el Ministerio de Educación se asegura que, cuando el TSJC les requirió su opinión acerca de elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado envió un escrito en su nombre donde se mostraba la conformidad con esta consulta para evaluar una posible inconstitucionalidad.

Además, subrayan que se elevó la consulta con el aval no solo de la Abogacía del Estado, sino también de la Fiscalía.

Denuncia de Escuela de Todos

Ante estas revelaciones, la asociación Escuela de Todos, ha anunciado que acudirá al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para informar "del pacto del Gobierno de España y la Generalitat para incumplir la sentencia del 25%".

Esta organización, que está integrada por 15 entidades que reclaman la vehicularidad del castellano en las aulas catalanas, ya habían denunciado con anterioridad "la pasividad del Gobierno después de que tanto el consejero como directores de centros no acatasen las resoluciones judiciales», según afirmó Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, una de las entidades de Escuela de Todos.