El conseller Roger Torrent ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) durante el juicio por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa del Parlament que en la cámara catalana no se puede vetar "ningún debate". "Prohibir la tramitación de una iniciativa parlamentaria sería contradecir la esencia del parlamentarismo", ha dicho.
Este viernes, último día del juicio que empezó el miércoles, es el turno de los interrogatorios a los acusados, y Torrent solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, y en cambio ha rechazado responder a las preguntas del fiscal, por coherencia con el principio de "inviolabilidad parlamentaria".
Además de Torrent, están acusados en el juicio los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y Josep Costa --que abandonó el juicio después de las cuestiones previas--, y la Fiscalía pide para ellos penas de inhabilitación de hasta 20 meses por tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista y que reprobaban la monarquía supuestamente a sabiendas de que contravenían órdenes del Tribunal Constitucional (TC).
Torrent ha defendido que el TC "no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público" ni la Mesa "ejercer censura" sobre las resoluciones, "y menos cuando son opiniones políticas".
Según ha mantenido, si se aceptó la tramitación de las resoluciones cuestionadas es porque tanto él como la Mesa tenían la obligación de "ejercer un rol de neutralidad política", sin entrar "nunca" en el contenido de las proposiciones planteadas por los grupos más allá de los meros "requisitos formales".
Los únicos límites a esa función son, según el expresidente del Parlament, el respeto a los derechos fundamentales, los principios democráticos que los inspiran y los tratados internacionales.
También ha recordado que la obligación de la Mesa es "proteger la libertad ideológica y de expresión de los parlamentarios".
En el caso de las resoluciones que han motivado su enjuiciamiento, ha precisado que los servicios jurídicos de la cámara advirtieron a la Mesa de anteriores decisiones del Constitucional y "expresaron dudas" de si las iniciativas las contravenían, pero "en ningún caso recomendaron su paralización".
Torrent se ha mostrado convencido de que el TC "no puede prohibir un debate parlamentario entendido como la expresión del interés público" y ha recordado que esa fue la posición del propio Tribunal hasta que en 2014 "cambió de doctrina" al iniciarse el "procés".
Hasta ese año, ha añadido, el TC "solo hacía un control constitucional de las normas ya aprobadas por el Parlament", sin entrar a "ejercer censura", por lo que "no puede pretender" que la Mesa lo haga "y menos con una resolución que al final es una expresión de opiniones políticas".
De hecho, ha añadido, antes del "procés" y desde el año 1989 se habían aprobado en la cámara catalana resoluciones "sobre la misma temática" y también posteriormente.
Torrent ha considerado que las resoluciones parlamentarias son "fruto de un estado de ánimo u opinión en un momento determinado", pero pueden "ir cambiando su contenido" y acabar aprobándose en un sentido opuesto. "Precisamente por eso no tiene ningún sentido prohibir o paralizar una tramitación", ha remachado.
El tribunal "reitera" a Costa que puede volver al juicio
El TSJC ha dictado una provisión en la que "reitera" al exvicepresidente del Parlament Josep Costa que puede volver al juicio donde está acusado por presunta desobediencia cuando era miembro de la Mesa que presidió Torrent.
El jueves, Costa abandonó el juicio después de que en el trámite de cuestiones previas el tribunal rechazó su petición de anular la causa, y este viernes es el turno de los interrogatorios a los acusados.
Se da la circunstancia de que Costa, que es abogado, se defiende a sí mismo en esta causa, por lo que al abandonar el juicio como acusado a la vez se quedó sin abogado que le defendiera en la sala.
Al irse, Costa anunció que renunciaba a presentar pruebas y a declarar, pero ahora el tribunal le recuerda que este viernes es el turno de las declaraciones de los acusados y de que puedan usar su derecho a la última palabra, por lo que "se le reitera que puede comparecer en la sesión del día de hoy a hacer uso de su derecho de defensa".
Campdepadrós defiende haber actuado "honestamente"
El exsecretario primero de la Mesa Eusebi Campdepadrós ha defendido en el juicio haber actuado en su cargo "honestamente con criterio jurídico aplicable desde el punto de vista del derecho parlamentario".
Solo ha contestado a preguntas de su abogado, Jordi Pina, y en cambio ha rechazado responder a las preguntas del fiscal.
"Todas las decisiones que tomé en la Mesa estaban guiadas por la aplicación del derecho y la preservación de los derechos de los diputados y la libertad de expresión", ha argumentado.
Ha explicado que la Mesa no interviene en el contenido de las iniciativas que llegan, y que el secretario general aseguró que "sería excesivo" inadmitir la moción sobre el derecho a la autodeterminación.
Campdepadrós ha sostenido que estaba de acuerdo con los criterios del secretario general y del letrado mayor, y ha afirmado que la Mesa dio "razonamientos jurídicos de por qué era correcta la admisión a trámite" a pesar de que Cs y PP se habían opuesto.
También ha manifestado que cuando se iba a votar para la admisión a trámite de la resolución que versaba sobre el derecho a la autodeterminación, el diputado Carlos Carrizosa (Cs) pidió si había llegado algún tipo de requerimiento del TC: "Debía tener información. Fue un poco sorpresivo. El presidente se dirigió al letrado mayor y le dijo que no había llegado absolutamente nada y se siguió con la votación".
Asimismo, ha explicado que a raíz de los incidentes de ejecución de las iniciativas parlamentarias, los letrados de la Cámara hicieron escritos al Tribunal Constitucional defendiendo la actuación de la Mesa desde el punto de vista jurídico.
Delgado
Por su parte, Delgado ha reiterado que cumplió el reglamento y protegió los derechos fundamentales de los diputados, y ha manifestado: "Es evidente que en el Parlament de Catalunya se tiene que poder hablar de todo y se tienen que tratar los temas de interés público, no puede haber un límite ni una censura previa al debate".
Ha deseado que, en caso de inhabilitación, se haga por la búsqueda del bien común, y que "este bien común guíe a las personas y no el miedo por defender los derechos fundamentales".
El fiscal
El fiscal ha mantenido en el trámite de informes finales que los acusados presuntamente desobedecieron al Tribunal Constitucional porque "lo consideran un tribunal ilegítimo que no puede en absoluto vincular las resoluciones del Parlament".
"Acordaron desobedecer y tramitar las resoluciones en la creencia errónea de que su actuación iba a resultar impune", ha sostenido el fiscal este viernes durante la última jornada de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En respuesta a los argumentos que han expuesto las defensas durante el juicio, ha espetado que "lo que en realidad se está propugnando no es una inviolabilidad parlamentaria sino el principio de impunidad".
Pérez de Gregorio ha reprochado a los acusados "adornar jurídicamente su desobediencia" para defenderse en el juicio, y ha hecho referencia a las dudas que los letrados del Parlament expresaron sobre si tramitar las resoluciones podía contravenir o no la doctrina del TC.
"Mientras que los miembros de formaciones constitucionalistas no tenían ninguna duda, ellos parece ser que sí tenían dudas y decidieron tirar adelante", ha criticado el fiscal.
Durante el juicio, las defensas también han esgrimido que las resoluciones por las que se les acusa eran declarativas y no ejecutivas, a diferencia de las que el TC había anulado antes, y por eso no estaban afectadas por las resoluciones anteriores.
El fiscal ha replicado a este argumento que la Mesa de Torrent tramitó iniciativas parlamentarias que no eran "de carácter intrascendente y una forma de entretenimiento, sino que vulneraban las resoluciones expresas del TC".
Acusación de Vox
Por su parte, el abogado de la acusación popular de Vox, Juan Cremades, ha reclamado una condena por desobediencia porque el TC "de forma reiterada incluso requirió de forma personal a todos los acusados para que se abstuvieran" de tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista, y considera que lo desoyeron de manera intencionada.
Cree que, ante las dudas de los letrados, "lo lógico hubiera sido llevar la consulta al TC para que les dijera si esas resoluciones controvertidas entraban en contradicción con sentencias del mismo tribunal" y si admitirlas a trámite suponía incumplirlas.
Cremades ha valorado que, entre sus funciones, la Mesa debería "garantizar que las resoluciones admitidas a trámite al menos no fueran flagrantemente inconstitucionales", y respecto al argumento de las defensas sobre la inviolabilidad parlamentaria ha sostenido que este precepto no ampara los actos enjuiciados.
La defensa
El abogado de Torrent, Andreu Van den Eynde, ha negado que él y los exmiembros de la Mesa del Parlament que presidió entre 2018 y 2021 desobedecieran al Tribunal Constitucional, porque "creían actuar sin interpelación directa de un mandato y lo siguen creyendo".
En el trámite de informes finales este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Van den Eynde ha puesto en duda que los acusados supieran que admitir a trámite propuestas de resolución sobre la autodeterminación y contra la monarquía supusiera desoír al TC: "¿Realmente la actuación de la Mesa se efectuó con el convencimiento de tener un mandato imperativo?".
Van den Eynde ha insistido en que "los precedentes tienen que ver con la tramitación de leyes iniciando un proceso constituyente unilateral, no una moción de la CUP que dice que no le gusta la monarquía", ha dicho en referencia a una de las resoluciones en las que se basa el juicio.
"Con esto no quiero validar la condena a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, pero lo que no podemos hacer es comparar un hecho con el otro", ha añadido el abogado, que ha asegurado que la Mesa de Torrent no consideraba que estuviera vinculada por las órdenes del TC en la legislatura anterior.
Visto para sentencia
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dejado visto para sentencia este viernes el juicio.
"Esta sentencia no se publicará en dos días. Es una sentencia complicada, tardará el tiempo que tarde", ha advertido el presidente de la sala, Carlos Mir, al acabar el juicio.
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