El Gobierno sigue empeñado en acabar con lo que desde Moncloa han tildado como una competencia fiscal a la baja entre las comunidades autónomas. Esto es, la sucesión de anuncios de los presidentes regionales de sucesivas reducciones de impuestos al calor de las elecciones de 2023, que se celebrarán en mayo. Es por ello por lo que este martes, al anunciar la distribución de 135.274 millones de euros a las comunidades autónomas, un 24% más que el año pasado, el Gobierno ha enviado un mensaje claro, queriendo destacar su esfuerzo presupuestario e intentando parar así las rebajas impositivas.

En el seno del Gobierno ha causado malestar los anuncios que diferentes mandatarios autonómicos han ido realizando en las últimas semanas. Todo empezó con Juanma Moreno, presidente andaluz, que anunció la supresión del Impuesto de Patrimonio, causando que Andalucía dejase de recaudar 900 millones al año. El Ejecutivo entró entonces en cólera contra el Partido Popular, un discurso que les rompió el principal barón socialista. Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, siguió la estela de Moreno y anunció su propia rebaja de impuestos. Cierto es que era diferente por el alcance -lo de Andalucía apenas benefició al 0,2% de la población-, pero supuso una ruptura del mensaje interno del PSOE que no ha frenado que otros barones socialistas se lo planteen.

Sin ir más lejos, el siempre díscolo Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, anunció ayer bonificaciones en el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) en las rentas de hasta 30.000 euros. Lo hizo el mismo día en el que el Ejecutivo presentaba sus cuentas para el próximo año, con la inversión récord para las comunidades antes mentada. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitó criticarle en público señalando que no conocía la medida y aduciendo que no era una deflactación, principal reivindicación del Partido Popular.

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En privado, sin embargo, fuentes de Hacienda reconocían el mensaje que mandaba el Gobierno con dicha inversión señalando que iba a ser difícil de entender que las comunidades siguieran anunciando medidas para dejar de recaudar cuando el Ejecutivo estaba dándoles tal cantidad de dinero. Esto lo hizo también el secretario general de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que el pasado lunes criticó a Moreno por pedir financiación al Gobierno para la sequía dos semanas después de renunciar al ingreso de 900 millones de euros y "tras regalar millones a los ricos".

En este sentido, el Ejecutivo destaca la cifra "récord" de 135.274 millones que irán para las autonomías el próximo año. De esa cantidad, 124 millones irán para entregas a cuenta y otros casi 11.000, por la liquidación de 2021. Desde Moncloa también destacan que "en cinco años de Gobierno" de Sánchez, entre 2018 y 2023, las autonomías recibirán casi 179 millones más que "en los últimos cinco años de Mariano Rajoy", un aumento del 40%.

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Además, tanto Montero como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistieron en otro de los argumentos que Moncloa viene desglosando desde que estalló el debate fiscal: la necesidad de un Estado del Bienestar fuerte para que haya "justicia social" financiada con "justicia fiscal". "No puede haber justicia social sin eficiencia económica", ha lanzado Montero. "Quien más tiene, más ha de contribuir. No se entienden los discursos que se escuchan sobre política fiscal", ha añadido Rodríguez.