El juicio del accidente del Alvia arranca este miércoles, más de nueve años después de aquel fatídico 24 de julio de 2013 en el que 80 personas perdieron la vida y 145 resultados heridas en uno de los mayores accidentes ferroviarios de nuestro país. La curva A Grandeira, del barrio compostelano de Angrois, fue el escenario de la tragedia que llega ahora a los tribunales con 446 perjudicados, más de 500 testigos, 145 acusaciones y dos acusados en el banquillo: el maquinista que conducía el tren, Francisco Garzón, y el exjefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte.

Ambos acusados declararán entre este miércoles y el viernes ante la magistrada María Elena Fernández Currás en la Cidade da Cultura de Galicia, donde se ha habilitado un espacio de 1.058 metros cuadrados para acoger el juicio. Y es que las dimensiones de esta causa, cuyo expediente suma 44.460 folios agrupados en 95 tomos, impiden que la vista se celebre en las dependencias habituales de Justicia de Santiago de Compostela, por lo que la Xunta de Galicia ha organizado un despliegue cuyo coste asciende a 931.759 euros. El dispositivo incluye una oficina judicial de 172 metros cuadrados, cuatro despachos para la jueza, la Fiscalía y los funcionarios de Justicia, una sala de prensa de 181 metros cuadrados, otra sala para el público con 103 butacas, cafetería y sala de togas.

Tras una larga fase de instrucción, comienza ahora la práctica de la acción penal, que se extenderá hasta el 10 de febrero de 2023 y antecederá a la parte en la que se juzgará la vertiente civil, a partir del 14 de febrero, según las previsiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Por un lado, tanto la Fiscalía como la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas piden sendas condenas de cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional durante dicho periodo para los dos acusados, por 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave. Por otro lado, la reclamación por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57,69 millones de euros y está dirigida contra Renfe, Adif y sus respectivas aseguradoras, QBE y Allianz Global Corporate & Speciality, así como contra el maquinista y el exdirector de seguridad.

Asimismo, la asociación de víctimas, que se manifestó este lunes ante al Congreso de los Diputados, demanda también que se depuren responsabilidades políticas y exige concretamente la dimisión de la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, Ana Pastor, quien estaba al frente del Ministerio de Fomento en el momento del accidente. "Si Adif está en el banquillo, ¿cómo no está el Ministerio por autorizar la puesta en servicio de una línea cuando no cumplía la normativa?", denuncia a 20minutos el portavoz de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez.

Velocidad excesiva, sistema de frenado poco avanzado... así fue la tragedia del Alvia 04155, el peor accidente ferroviario de la democracia

Durante los nueve meses que está previsto que dure el juicio, pasarán por la Cidade da Cultura 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos. Lo harán a un ritmo medio de 15 testigos al día y tres testigos/peritos por sesión. En el caso de los peritos, testificarán entre cinco y diez por jornada en la acción civil y uno diario en la acción penal, debido a la amplitud y complejidad de los informes. Todos ellos declararán ante la magistrada Currás, titular del juzgado de lo penal número dos de Santiago de Compostela, quien ha sido la responsable de la preparación y la celebración del juicio oral.

Jesús Domínguez, presidente de las víctimas del Alvia: "Queremos que se conozca la verdad, las negligencias, las mentiras y las chapuzas"

Una larga instrucción

La fase de instrucción, ya finalizada, ha pasado por manos de dos jueces: Luis Aláez y Andrés Lago Louro. El primero de ellos llegó a imputar a la cúpula de Adif. Sin embargo, fue Lago Louro quien dio por primera vez carpetazo a la larga investigación en octubre de 2015, con el maquinista como único imputado. Poco duraría ese primer cierre, ya que, a instancias de la Audiencia Provincial de A Coruña, el mismo magistrado añadió al exjefe de seguridad como acusado antes de cerrar de nuevo la causa en diciembre de 2018, casi dos años antes de la conclusión definitiva por una denuncia posterior de un extrabajador de Talgo que obligó a reabrir el caso.

Quién es quién en el macrojuicio del Alvia: dos acusados en el banquillo, 522 testigos y la decisión final en manos de la jueza Currás

Antes de la apertura de juicio oral en julio de 2021, la Audiencia ratificó el cierre de la instrucción en abril del año pasado, un mes antes de la renuncia de Cortabitarte al cargo que ocupaba en la dirección de Adif desde que fue reubicado tras el accidente. Las defensas de ambos acusados, Garzón y Cortabitarte, rechazan cualquier responsabilidad y señalan respectivamente a la falta de medidas de seguridad en el tramo y al exceso de velocidad.

Desde la plataforma de víctimas lamentan la dilatación del proceso. "A lo largo de este tiempo han fallecido algunos familiares y para ellos ya no va a haber Justicia", explica su portavoz, quien denuncia que "las propias instituciones han provocado que tarde tanto, con el cambio de juez, con peritos sin experiencia que demoraron el informe de la causa, con un informe que la UE no considera justo porque no lo hicieron expertos independientes, con una Fiscalía que no investigó nada los primeros cuatro años...". "Creemos que va a haber una sentencia pero no va a haber justicia", sentencia Domínguez.