El 25 de abril de 1998 se desencadenó uno de los grandes desastres medioambientales de la historia Andalucía tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, propiedad entonces de la empresa sueca Boliden. Seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos se diseminaron por un área de 4.634 hectáreas en el entorno natural protegido de Doñana.

Desde entonces, el caso ha experimentado un ‘peregrinaje judicial’ que tendrá su corolario en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, donde se celebrará el 4 de julio de 2023 el juicio el juicio contra Boliden, a quien la Junta reclama 89,8 millones de euros por los daños ocasionados.

La fecha se fijó ayer en la vista previa en la que no se alcanzó acuerdo entre las partes y donde cada una de ellas presentó las pruebas correspondientes. Los abogados de la Junta esgrimieron su "obligación legal" de reclamar los casi 90 millones de acuerdo con la ley de Minas. Boliden, por su parte, arguyó que la Administración gastó la mitad del dinero que reclama en "un corredor verde" y no en paliar las consecuencias del vertido.

El juicio de 2023 se celebrará los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de julio. Declararán doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas.

En él volverán a salir a relucir los argumentos de la representación legal de la Junta, que desgranó ayer en la vista, para reclamar el dinero. Por ejemplo, que la fractura de la balsa del complejo minero acarreó 37 toneladas de peces muertos. Boliden se escuda principalmente en que el Gobierno andaluz había autorizado en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió y que ellos retiraron los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro.

El juzgado de Sanlúcar la Mayor fue el primero en encargarse del caso, con la imputación de 20 técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente, pero el expediente se archivó en el año 2000. El juzgado de Instrucción 11 de Sevilla inadmitió posteriormente, en 2002, una demanda civil de la Junta al declararse incompetente. Ante la multa dictada por el el Consejo de Gobierno en 2004 contra Boliden, la empresa sueca recurrió y el TSJA (en 2007) y el Supremo (2011). El caso volvió a la vía civil, al juzgado 11 de Sevilla, que instruyó la primera demanda y que ahora ha fijado la fecha del juicio para el próximo año. Cuando se celebre, habrán pasado ya 25 años desde aquel día de abril de 1998 en que Aznalcóllar se tiñó de negro.