San Chin Choon le dice al juez que no viajará a España y se ofrece a declarar desde Malasia

  • Asegura que contestó a las preguntas que se le enviaron desde España de la comisión rogatoria.
San Chin Choon.
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EFE
San Chin Choon.

El empresario malasio San Chin Choon, que suministró el material sanitario que el Ayuntamiento de Madrid compró a Luis Medina, ha enviado un escrito al juez del caso de las mascarillas en el que explica que le es "imposible" desplazarse a España para declarar, como pidió el magistrado, pero se ofrece a hacerlo mediante videoconferencia desde la Embajada en España en Kuala Lumpur, algo ya rechazado por el magistrado.

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el proveedor contesta al emplazamiento del magistrado para que aportara fechas en las que podría comparecer de forma presencial en el procedimiento penal que investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas.

San Chin Choon es la persona que suministró material sanitario a los investigados Luis Medina y Alberto Luceño para su venta al Consistorio capitalino. El Ayuntamiento de Madrid pagó casi 11 millones de euros, de los que seis millones acabaron en manos de los comisionistas. Los investigados declararon que eran agentes exclusivos de la empresa de San Chin Choon.

El escrito reitera que él ya contestó a las preguntas que se le enviaron desde España ante las autoridades malasias, pero no entiende "por qué el Gobierno de Malasia no envió mis respuestas a España", y se ofrece a declarar ante el juez.

Pero detalla que por motivos laborales le es "imposible" desplazarse a España y se ofrece a acudir a la Embajada española en Kuala Lumpur los días 21 ó 28 de octubre, a las 10.00 horas, hora española, para hacer una videoconferencia, ya que más tarde sería inviable por la diferencia horaria.

El pasado julio, el juez Adolfo Carretero se opuso a la petición de Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria a Malasia para interrogar al proveedor malasio debido a que este país flagela a sus presos, lo que supone "un obstáculo insalvable para cualquier cooperación judicial".

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