La iniciativa para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia ha culminado este miércoles su tramitación parlamentaria, y la laguna salada más grande de Europa contará así con una mayor protección y gobernabilidad, que permitirá a los ciudadanos exigir la reparación de daños producidos en sus aguas. El Pleno del Senado ha aprobado por mayoría la Iniciativa Popular Legislativa (ILP) para la protección del Mar Menor, un texto al que unicamente se ha opuesto Vox, y que reforzará la conservación, mantenimiento y restauración del que será el primer espacio natural en Europa con derechos jurídicos reconocidos.

Esta votación en la Cámara alta ha sido el último paso de una iniciativa popular, que arrancó hace ya más de dos años con la recogida de más de 600.000 firmas para ser tramitada en las Cortes, y que este miércoles ha contado con el apoyo y asistencia de promotores y defensores de dicha ILP desplazados a Madrid para estar presente en el momento de la aprobación de la norma, recibida con aplausos. Durante el debate, el senador de Vox José Marín Gascón, en defensa de la propuesta de veto, ha señalado que los ecosistemas no pueden ser considerados como sujetos de derechos, al no poder asumir obligaciones, y ha calificado de "disparate jurídico" esta proposición de ley que supone "más despilfarro y más legislación", en lugar de gestionar bien y sin aumentar el gasto público.

Marín Gascón ha incidido en que reconocer derechos al ecosistema es "jurídicamente inviable" de acuerdo con la Constitución y el Código Civil actual, porque a los ecosistemas solo se les reconocen figuras de protección, lo que ya existe en este caso, y ha acusado al resto de grupos de utilizar el Mar Menor para sus planes globales.

A su juicio, en esta propuesta no hay más pretensión que la de crear un nuevo "chiringuito antidemocrático y totalitario" que funcione al margen de las leyes, y presuntamente avalado por técnicos independientes, "para aprovecharse de la buena fe de los ciudadanos y escapando a cualquier control democrático".

En su turno de réplica, el senador socialista Fernando Lastra ha manifestado que las leyes ambientales en la región de Murcia han demostrado ser "claramente ineficaces" para proteger el Mar Menor y por eso ha justificado la nueva propuesta que, ha dicho, no ha sido fácil de sacar adelante en las Cortes Generales porque "es la primera vez que algo así sucede en España".

"Esta iniciativa es un éxito pero también es la constatación del fracaso de quien tiene la competencia autonómica y la responsabilidad medioambiental" en la Región de Murcia, ha aseverado el senador, a la vez que ha recordado que "no ha sido el Gobierno de Murcia el que ha alzado la voz, sino los ciudadanos".

Para Juan María Vázquez Rojas del Grupo Popular, el veto de Vox solo conseguiría "cercenar" el debate de un texto legislativo que aprobó mayoritariamente en el Congreso y que pone voz a miles de ciudadanos que trasladan con su firma, "una propuesta para avanzar en los mecanismos de protección de uno de los ecosistemas que más valor tienen en España y en Europa". Es una "ley con luces, pero también con sombras", ha observado Vázquez Rojas para afirmar que es una ley que no se debería haber tramitado en régimen de urgencia y debería haber permitido un debate reflexivo, pero al tiempo es una ley que "la exigen unos ciudadanos cada vez más comprometidos con la conservación".