Desde su aparición a principios de año, sobre la alerta sanitaria por la viruela del mono ha sobrevolado la sombra de la estigmatización, con comparaciones que hasta la han comparado con lo que supuso el SIDA para la población homosexual y que podría disuadir de personas que se contagian con este virus a acudir al sistema sanitario para tratarse o para vacunarse. En este contexto, el Consejo Interterritorial de Sanidad ha acordado que todas las comunidades vacunarán contra la viruela del mono y que una vez a la semana compartirán datos de vacunación de personas afectadas o población de riesgo bajo unos criterios de protección considerados de categoría especial.

El Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC) frente a la viruela del mono indica que "España es uno de los países más afectados a nivel global". Hasta el 16 de septiembre se habían notificado 7.037 los casos  viruela del mono. En todas las comunidades, aunque con notables diferencias entre unas y otras. 

El documento constata que, como ocurre en otros países, "los casos han sido identificados fundamentalmente en la población HSH (hombres que tienen sexo con hombres)" y que el principal mecanismo de transmisión es el "contacto físico muy estrecho, particularmente de las relaciones sexuales en contexto de alto riesgo".

El Consejo Interterritorial afirma que hay "transmisión sostenida" que "debe ser controlada" y prevenida, para evitar más casos y más graves, para lo que recuerda que existe una vacuna -una modificación de un suero contra la viruela- que ya se ha empezado a inocular en España y que, como ocurre con el tratamiento de las personas diagnosticadas, ofrece una fuente de información valiosa para hacer un seguimiento de los casos, por parte de cada comunidad y también del Ministerio, al que tienen que aportar los datos según la ley.

Para ello, Gobierno y comunidades han acordado una estrategia común que contempla que todas las autonomías vacunarán contra la viruela del mono según los criterios establecidos por la Comisión de Salud Pública. Para ello, deberán disponer de material, recursos y equipos necesarios y aportarán información de los registros de esta vacunación y a aportar información de los registros de vacunación al estatal que se creó para registrar los datos de vacunación contra la Covid (REGVACU).

Recibirán las contadas dosis que llegan todavía personas que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo, fundamentalmente, pero no exclusivamente, gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, personas con infección VIH y personas con riesgo ocupacional como personal sanitario en consultas especializadas que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus Monkeypox, así como personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo.

Este compromiso "obliga" a todas las comunidades a llevar a la vacunación que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha suspendido en varias ocasiones. Hace unas semanas, ante la posibilidad de quedarse sin dosis. Este miércoles, debido a la falta de viales.

Datos anónimos y especiales

El envío de estos datos será semanal y servirá para disponer de datos para responder "adecuadamente" a la alarma de salud pública que supone la viruela del mono, para fortalecer el sistema de vigilancia y para una "mejor tutela de la salud de la población".

Es aquí cuando entra la cuestión de la confidencialidad de los datos, que en el caso de las personas que sean tratadas y vacunadas por viruela del mono tendrán consideración de categoría especial.

"La tipología de datos objeto de tratamiento incluye datos identificativos de edad, residencia y grupo poblacional de la persona, así como datos personales de salud referidos a la vacunación", dice el texto del acuerdo. "Los datos serán seudonimizados para su conservación en el sistema de información", añade un acuerdo que los responsables del tratamiento de estos datos "garantizarán la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a categorías especiales de datos y que dichos tratamientos serán realizados por administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad".